El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, ha finalizado su estancia en Damasco y, tras las conversaciones que ha mantenido con quienes han asumido el poder, ha puesto sobre la mesa tres exigencias para el proceso de transición que se ha abierto en el país tras la caída de Bashar al-Assad.
Por un lado, que se elabore una nueva Constitución; por otro, que se celebren elecciones «libres y justas»; y, finalmente, que se desarrolle un «proceso político inclusivo dirigido a los propios sirios».
Y todo ello, bajo el paraguas de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un resolución que el máximo órgano de toma de decisiones de la ONU adoptó en 2015, cuatro años después de que la ‘primavera árabe‘ se extendiese también a territorio sirio y comenzase la guerra civil que se libró desde 2011 entre la mayoría suní del país (liderada principalmente por grupos terroristas) y la minoría chií del ya expresidente Bashar Al-Assad.
La ONU ya expresó su preocupación, en 2015, por el incremento de grupos terroristas en Siria
La Resolución 2254 se aprobó el 18 de diciembre de 2015, en un momento en el que, tras cuatro años de guerra, la situación humanitaria se había deteriorado gravemente y el conflicto estaba en un momento álgido.
De hecho, en la propia Resolución, Naciones Unidas manifestaba su preocupación «por las consecuencias negativas del terrorismo y la ideología extremista violenta» que apoyaba a esos grupos terroristas (los mismos que ahora han tomado el poder en Siria).
También se hacía constar en el documento que esos movimientos radicales estaban produciendo un «efecto desestabilizador en la región, y fuera de ella», y que se estaba incrementando «el número de terroristas» que se sentían «atraídos a luchar en Siria«.
Qué establecía la Resolución 2254 de 2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
En aquella Resolución, la ONU ya abogaba por «un proceso político inclusivo y dirigido por Siria» que colmase «las aspiraciones legítimas del pueblo sirio», mediante el «establecimiento de un órgano de gobierno de transición inclusivo con plenos poderes ejecutivos», que debería constituirse «sobre la base del consentimiento mutuo, asegurando la continuidad de las instituciones gubernamentales».
También se instaba a las partes enfrentadas a comprometerse con «la unidad, la independencia y la integridad territorial de Siria, así como con su carácter no sectario», para que asegurasen «la continuidad de las instituciones de gobierno», protegiendo «los derechos de todos los sirios con independencia de su origen étnico o confesión religiosa».
Y, además de abordar otros aspectos, se ponía de relieve «la necesidad de que todas las partes en Siria» adoptasen «medidas de fomento de la confianza para contribuir a la viabilidad de un proceso político y un alto el fuego duradero», al tiempo que se exhortaba «a todos los Estados» a que utilizasen «su influencia con el Gobierno de Siria y la oposición siria para llevar adelante el proceso de paz, las medidas de fomento de la confianza y las gestiones encaminadas a un alto el fuego».
La ONU pide a Siria y a «sus vecinos» que «se abstengan mutuamente de cualquier acción o injerencia»
Tras su estancia en Siria, Geir Pedersen ha expresado su optimismo de que la caída del régimen de Al-Assad pueda marcar «el inicio de una transición pacífica y democrática para el país», reconociendo, no obstante, «que aún quedan retos por superar».
Y, aunque reconoce que «es pronto» para avanzar qué ocurrirá en Siria en el futuro, «creo que es importante decir que hay muchas esperanzas de que ahora podamos ver el comienzo de una nueva Siria».
La ONU ha manifestado su «firme compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Siria», pero también ha subrayado la «necesidad» de que Siria y sus vecinos «se abstengan mutuamente de cualquier acción o injerencia que pueda socavar la seguridad de la otra parte», haciendo hincapié en la necesidad de «combatir el terrorismo e impedir que grupos extremistas como el Daesh vuelvan a afianzarse en el país, donde llevan años actuando».