En un alarmante descubrimiento, se ha revelado que Movilnet, la empresa estatal de telecomunicaciones de Venezuela, accedió sin autorización a los datos de clientes de Movistar Venezuela, una filial de la multinacional Telefónica S.A., días después de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.
Estos hechos ponen de manifiesto una colaboración potencialmente ilícita entre Movistar y el régimen de Nicolás Maduro, utilizando los datos personales de los usuarios para infundir terror entre los venezolanos.
Clientes de Movistar Venezuela reportaron haber recibido llamadas no solicitadas de Movilnet, en las que se les ofrecían beneficios en nombre del presidente Nicolás Maduro. Estas llamadas, disfrazadas de gestos de buena voluntad del gobierno, incluían ofertas de subsidios y otras ventajas, en un intento claro por ganarse la simpatía del pueblo al viejo estilo de las “misiones” chavistas.
Sin embargo, lo más preocupante es que en estas comunicaciones, sólo si los usuarios preguntaban, se les informaba de que la llamada estaba siendo grabada por el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) y el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), dos cuerpos de seguridad del Estado conocidos por su papel en la represión de opositores y la intimidación de la población. Una estrategia eficaz para informar sutilmente a los usuarios que no simpatizan con el régimen de la existencia de mecanismos de vigilancia activa.
La naturaleza de estas llamadas, realizadas sin el consentimiento expreso de los usuarios de Movistar para compartir su información con la compañía estatal Movilnet, viola la Ley de Protección de Datos Personales de Venezuela. Dicha legislación prohíbe la transferencia de datos personales a terceros sin la autorización explícita del titular de los datos, a menos que exista un marco legal claro que lo permita. Además, la implicación de los cuerpos de seguridad en la grabación de estas llamadas intensifica las preocupaciones sobre la persecución y la intimidación política.
Implicaciones para Telefónica S.A.
El uso indebido de datos de clientes por parte de Movistar Venezuela también pone en riesgo a su empresa matriz, Telefónica S.A., ante las autoridades regulatorias internacionales. Telefónica, que cotiza en la bolsa de Madrid (IBEX 35) y en la bolsa de Nueva York, está sujeta a las normativas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.
Las regulaciones de ambas entidades exigen el cumplimiento estricto de las normativas de protección de datos y derechos de los consumidores, además de exigir la transparencia y ética en las prácticas corporativas.
Por su parte, el Código de Buen Gobierno de Telefónica S.A., que se alinea con las regulaciones de la CNMV y la SEC, destaca la responsabilidad que tiene la empresa de proteger la información de sus clientes y evitar cualquier implicación en actividades que puedan ser percibidas como colaboraciones ilícitas o poco éticas con gobiernos que violen los derechos humanos. De modo que las revelaciones actuales no solo dañan gravemente la reputación corporativa de Telefónica a nivel internacional, sino que también exponen a la compañía a posibles sanciones legales y financieras.
La manipulación de la información y el control de medios en Venezuela
Estas acciones se producen en un contexto donde el régimen de Nicolás Maduro ha sido ampliamente criticado por su manejo autoritario del poder, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, la represión de manifestaciones y las detenciones arbitrarias, sobre todo después del fraude electoral del 28 de julio, denunciado por la oposición venezolana y por varios observadores internacionales.
A este respecto, la oposición, liderada por María Corina Machado, ha sostenido que el verdadero ganador de los comicios fue el candidato opositor Edmundo González Urrutia, tal y como reflejan las actas recopiladas y publicadas en la página web resultadosconvzla.com. De manera que el control de la información y la manipulación de los datos de los usuarios se ha convertido en una herramienta clave para la supervivencia del régimen bolivariano.
Estas denuncias refuerzan las acusaciones preexistentes sobre la actuación de las empresas de telecomunicaciones en Venezuela bajo la dirección del gobierno para restringir la libertad de expresión y manipular la opinión pública, incluidas las compañías de telecomunicaciones privadas y extranjeras. Una forma de colaboración de Movistar Venezuela con la dictadura que, sea directa o indirectamente, plantea serias dudas sobre la ética de sus operaciones y sobre la falta de control corporativo por parte de su matriz, Telefónica.
Repercusión internacional y posibles demandas legales
Las acciones de Movistar Venezuela podrían desencadenar investigaciones y sanciones por parte de organismos internacionales. En Europa, la legislación de protección de datos del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) podría ser utilizada para investigar a Telefónica, especialmente si se demuestra que la compañía no implementó las medidas adecuadas para proteger la información de sus usuarios contra accesos no autorizados. De igual forma, la SEC podría iniciar investigaciones bajo las leyes de protección al consumidor y derechos de privacidad de Estados Unidos.
Asimismo, los organismos de derechos humanos y las organizaciones internacionales podrían generar presión para que se investigue a fondo la colaboración entre Movistar y Movilnet, buscando que se tomen medidas correctivas sobre las prácticas colaboracionistas e ilegales de la compañía española.
Telefónica S.A. y sus vínculos con el poder en Sudamérica
En la próxima parte de esta serie de artículos, exploraremos las relaciones de Telefónica S.A. con otros gobiernos sudamericanos, incluyendo la conexión existente entre Telefónica y la Empresa Pública de Medellín (EPM) en Colombia, a través de su participación en la operadora Tigo-UNE.
Un caso notable en el que la EPM, bajo la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, resistió a los esfuerzos de Telefónica y de Millicom, la empresa internacional que controla Tigo, para tomar el control total de UNE; pues fue Quintero quien argumentó la necesidad de proteger el patrimonio público de Medellín, logrando que la Comisión del Congreso de la República de Colombia interviniera para garantizar que EPM mantuviera su participación accionaria en Tigo-UNE.
Esta situación en la que ahondaremos próximamente, ilustra los intentos de Telefónica de expandir su influencia en el sector de telecomunicaciones en Sudamérica y plantea interesantes preguntas sobre la ética de sus prácticas de negocio y sus relaciones con gobiernos locales.