Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la Operación Tricheurs investiga a los responsables de una academia de Granada por emitir certificados de cursos homologados a 257 aspirantes a bomberos forestales de la Junta sin impartir esa formación.
El Plan INFOCA puntuaba hasta 800 horas de formación específica con cursos homologados en el proceso selectivo de ingreso en el dispositivo, pero en la última convocatoria introdujo la posibilidad de puntuar hasta 1.600 horas de formación específica.
Esa circunstancia provocó que muchos aspirantes, antes del último día de plazo de presentación de las instancias de admisión al proceso selectivo en agosto de 2019, intentaran conseguir el mayor número de horas posibles de titulación certificada y así un mejor puesto en la oposición.
Para lograrlo acudieron a esta academia granadina y pagaron hasta 120 euros por cursos de formación de 200 horas que se impartían en tan solo 25 minutos.
La investigación comenzó después de que un aspirante a bombero forestal de Jerez de la Frontera (Cádiz) denunciara irregularidades en el concurso oposición del año 2019.
Los investigadores localizaron a una academia de Granada que había emitido cientos de títulos falsos de modo sistemático, títulos con la fecha falseada para que contaran en la oposición.
Durante la primera fase de explotación de esta operación, la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados por un delito de falsedad documental, al administrador único de la academia, al técnico informático y al jefe de estudios de los cursos ofertados.
También se investiga a los 62 aspirantes que acudieron a esta academia para incluir en sus currículum cursos que no hicieron.
En las siguientes fases de la operación se investigaron a 23 aspirantes de Málaga, 12 de Almería, 58 de Jaén, 36 de Córdoba, 23 de Sevilla, 12 de Huelva, 27 de Cádiz, 2 de Badajoz y 2 de Albacete que también compraron sus certificados en la academia investigada.
A raíz de esta investigación, la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) decidió no otorgar ningún puesto de trabajo fijo hasta que se resuelva el procedimiento penal abierto.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, la han llevado a cabo agentes del Área de Investigación de La Zubia.
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