Benavent ha sustituido a Ramiro Blasco por Juan Carlos Navarro, un penalista con experiencia en complejos casos de corrupción, como el caso Gürtel, en el que representó al considerado cerebro de la trama, Francisco Correa.
Este cambio ha despertado expectación en las múltiples partes interesadas del caso Imelsa, dado que la colaboración mostrada desde el primer minuto por Benavent con la Guardia Civil, el juez y el fiscal anticorrupción ha servido para desmadejar un enrevesado ovillo de corruptelas y apuntalar decenas de acusaciones.
Fuentes del caso consultadas por EFE recelan de este cambio e insisten en que «Marcos siempre ha sido una persona imprevisible» y, aunque reconocen como clave su aportación al desarrollo de la investigación, también insisten en que existe documentación y evidencias suficientes para apuntalar la causa al margen de su testimonio.
El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía estas grabaciones efectuadas durante años por el que fue gerente de Imelsa y autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent, que su suegro desveló tras un conflicto familiar, pero no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando se evidenció la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.
La causa judicial nació con la detención de Alfonso Rus y varios de sus «lugartenientes» en la Diputación (Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis), junto con otros ex altos cargos del Consell -hasta un total de 24 personas-, y derivó después en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Rita Barberá en la alcaldía durante más de dos décadas por un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes judiciales consultadas por EFE han advertido las posibles repercusiones que podría tener este cambio de letrado sobre otro de los casos de corrupción, el que afecta al expresident Eduardo Zaplana, que tuvo su origen en los conocidos como «papeles del sirio», hallados en un registro en el despacho de abogados del anterior abogado de Benavent y que se consideran la «auténtica hoja de ruta» que se siguió para concurrir a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV por las que la trama supuestamente corrupta, con el expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana al frente, pudo cobrar comisiones.
En su declaración como testigo en marzo de 2017, Benavent explicó que esos papeles se los había entregado en el año 2012 una persona de origen sirio llamada Imad, que ocupó la misma vivienda que Zaplana, y que desconocía si tenían relación con alguna causa penal o alguna actividad criminal, pero los guardaba «junto con otros muchos» papeles.
Dos de los documentos detallan los pasos dados por el grupo Sedesa durante los años 2001 y 2002 en relación con las concesiones públicas de los parques eólicos y de la ITV, que se licitaron y adjudicaron bajo la presidencia de Zaplana en la Generalitat.
Además, aluden a diferentes empresas relacionadas con el propietario de Sedesa Vicente Cotino y la mercantil luxemburguesa Imison International, creada en mayo de 2001, que según desveló después la investigación se pudo utilizar para materializar el cobro de comisiones ilícitas por importe de 6,4 millones de euros.
El Gobierno valenciano de Zaplana privatizó el sector de las ITV en 1997 (en cinco lotes diferentes) y posteriormente puso en práctica políticas que permitieron que, entre el año 2000 y 2003 aumentasen sus tarifas de 18 a 46 euros, hasta convertirse en las más caras del Estado.
En 2004, buena parte de las firmas adjudicatarias vendieron sus participaciones obteniendo unos beneficios que, en el caso del lote adjudicado a la familia Cotino (sobrinos del ex director general de la Policía, Juan Cotino) pudieron rondar los 86,6 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.
En contraprestación, tal y como considera acreditado la Guardia Civil, las empresas de los Cotino pagaron en 2005 y 2006 cerca de 8,5 millones de euros a dos empresas controladas por supuestos testaferros de Zaplana en Luxemburgo.
Fuentes del caso consultadas por EFE insisten en que el registro del despacho de Benavent se hizo con plenas garantías judiciales y que, de cualquier modo, la instrucción se encuentra suficientemente apuntalada con la documentación y los testimonios obtenidos en decenas de comisiones rogatorias. EFE
A.M.