Los investigadores creen que unas 1.200 personas llegaron a contratar los servicios irregulares de estas gestorías y locutorios, y que otras 10.000 que pretendían realizar trámites en dependencias policiales se vieron perjudicadas por esta actuación, según una nota difundida por la Delegación del Gobierno en el País Vasco.
Las pesquisas sobre este caso se iniciaron cuando los agentes descubrieron que el sistema de obtención de cita previa estaba saturado debido a la «prácticas ilegítimas de algunos establecimientos abiertos al público, como despachos profesionales y locutorios».
El «modus operandi» consistía en la utilización de personas que se dedicaban, las 24 horas del día y mediante una aplicación informática, a acaparar casi todas las citas que el sistema informático ofrecía para la realización en dependencias policiales de trámites de extranjería.
De esta forma, y a cambio de una contraprestación económica que podía oscilar entre 30 y 50 euros, los ciudadanos se veían obligados a requerir los servicios de esas gestorías y locutorios para conseguir una cita que es gratis.
Agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao llevaron a cabo este año una operación, en dos fases, con diversas inspecciones en los locales que presuntamente saturaban la plataforma informática para la cita previa.
Se trata de la plataforma habilitada para que los ciudadanos extranjeros que desean realizar trámites documentales, como la expedición o renovación de sus documentos, solicitudes de asilo o cartas de invitación, puedan obtener cita previa.
El pasado mes de mayo se llevó a cabo una primera parte de la operación en la que inspeccionaron cinco locutorios y gestorías de este territorio.
Los policías encontraron «numerosa y valiosa documentación para la investigación, como manuscritos, copias de documentación con datos de carácter personal, resguardos de citas previas para números de identidad de extranjeros (NIE), etc».
Los agentes descubrieron que las víctimas de esta práctica no solo se habían visto obligadas a abonar una suma de dinero que para muchas era muy elevada, dada su situación económica y personal, sino que habían tenido que ceder datos personales ya que las citas son nominales.
También averiguaron que las cesiones de datos personales se realizaban sin ninguna garantía de identificación del responsable del tratamiento de los mismos y sin informar ni obtener el consentimiento de los usuarios, tal y como establece la Ley de Protección de Datos, por lo que los investigadores dieron cuenta a la Agencia Española de Protección de Datos y propusieron una sanción de hasta 40.000 euros a cada uno de los cuatro establecimientos donde se descubrieron estas prácticas.
Después de las primeras inspecciones, los investigadores observaron que el sistema de cita previa para trámites de extranjería se había aliviado.
Sin embargo, transcurridos unos meses detectaron que se había vuelto a saturar, por lo que en los pasados meses de agosto y septiembre se efectuó una segunda fase de esta operación, que se saldó con inspecciones en otros cuatro locutorios de Bilbao y el hallazgo, igual que en la primera fase, de diversa documentación de carácter personal en el interior de estos locales.
También fueron propuestos para sanción de hasta 40.000 euros al vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales.EFE
A.M.