Los hechos por los que se celebrará la vista oral, en la Audiencia Provincial de Valladolid, ocurrieron en 2017, cuando la acusada María Asunción B.S. trabajaba como empleada de la mercantil Residencia de Mayores Juan de Juni S.L. de Valladolid, según las conclusiones provisionales del Ministerio Público.
En ese centro se encontraba alojada una mujer de 81 años, quien tenía en la habitación que ocupaba una cartilla con una suma importante de dinero, extremo que conoció la encausada por la actividad que desempeñaba.
«Movida por el deseo de procurarse un beneficio económico, concibió la idea de apoderarse del dinero allí existente» y, como la víctima se encontraba sola, sin mantener prácticamente relación con su familia, convenció a la anciana con engaños para que solicitara una tarjeta Visa en la entidad en la que tenía la cartilla.
Así se hizo el 6 de abril de 2017 y posteriormente la acusada se hizo cargo de la tarjeta, con la que comenzó a realizar extracciones en la red de cajeros automáticos hasta agosto, cuando convenció a otra mujer también encausada, en este caso como cooperadora necesaria, para realizar extracciones diarias de mil euros hasta vaciar la cuenta de la víctima, a cambio de obtener 2.000 euros mensuales.
La segunda acusada, Ester O.F., llevó a cabo este cometido, hasta que dejó la cuenta sin saldo en noviembre de 2018, después de haber realizado 221 extracciones entre las dos procesadas.
María Asunción B.S. efectuó veinte adquisiciones con la tarjeta de la octogenaria en establecimientos comerciales de Valladolid, de los que sólo se ha recuperado un aspirador, y llegó también a pagar determinadas obras en un piso, que era de la anciana, a la que convenció para que se lo alquilara por 500 euros al mes, sin que nunca llegara a abonar estas cantidades.
En total, María Asunción B.S. se apoderó de 221.245,16 euros, parte de los cuales utilizó para comprarse un coche, que se encuentra embargado para responder a posibles responsabilidades civiles.
El fiscal pide seis años de prisión para María Asunción B.S. por un delito continuado de estafa, además del pago de una multa de 3.650 euros por un delito de hurto, y el abono de una indemnización de 221.245 euros a los herederos de la víctima, ya fallecida.
Para la otra acusada, el ministerio público reclama una pena de dos años de prisión como cooperadora necesaria de un delito de estafa y el pago de una multa de 1.080 euros. EFE
A.M.