Se han realizado dos registros en la sede del sindicato agrario nacional de Madrid y en la regional de Andalucía-. Asimismo, se han solicitado siete requerimientos de información en las sedes regionales de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña.
El exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional ha revelado la existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante el empleo de documentos falsos y un sofisticado sistema de imitación de firmas.
La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.
Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla -quien, posteriormente, remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación- y a raíz de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional.
En la denuncia se hacía referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas cuya ejecución se encontraba subvencionada.
Ayudas prestadas con cargo a fondos europeos
Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre los años 2018 y 2020. Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de ciudadanos extranjeros en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociolaboral y visita a alojamientos.
Desarticulada una red criminal que se dedicaba a los fraudes en el ámbito laboral
La complejidad de la investigación ha radicado en la extensión temporal del fraude, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados. Además, la Intervención General de la Administración del Estado ha colaborado en el cotejo exhaustivo de documentos y el análisis de datos.
Se trata de la primera explotación operativa a nivel nacional en materia de fraude de subvenciones europeas instruida por la recién creada Fiscalía Europea.