La Guardia Civil, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ha desmantelado un grupo delictivo que facilitaba beneficios penitenciarios a internos del Centro Penitenciario Puerto III en El Puerto de Santa María (Cádiz), deteniendo a cinco personas en el marco de la operación ‘Ergástulo‘.
Seis detenidos por estafar a hosteleros mediante el método del “corte de la luz”
La operación comenzó a finales de 2022 tras la denuncia de la pareja de uno de los internos, quien había solicitado un permiso penitenciario. Según su testimonio, otro preso le ofreció su ayuda para obtener el permiso a cambio de una compensación económica, indicando que podía influir a través del personal del centro penitenciario.
Los agentes iniciaron una investigación que reveló una trama corrupta en la que dos trabajadores de la prisión utilizaban su posición para obtener y compartir información privilegiada con abogados y familiares de los internos. Estos empleados ejercían influencia sobre otros trabajadores del centro para facilitar la concesión de beneficios como el tercer grado y permisos penitenciarios.
La investigación también identificó a un interno que se encargaba de captar a otros reclusos dispuestos a pagar por estos beneficios, así como a una persona fuera de la prisión que gestionaba los pagos con los familiares de los presos.
A los detenidos se les imputan delitos de uso de secreto o información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, estafa y extorsión. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido cautela respecto a la investigación, subrayando que, de confirmarse los hechos, habrá «tolerancia cero» contra cualquier tipo de corrupción.
Grande-Marlaska destacó que las investigaciones están judicializadas y recordó que, desde el momento en que Instituciones Penitenciarias tuvo conocimiento de los hechos, se informó a la Guardia Civil, iniciándose una investigación judicializada que ha progresado con el tiempo aunque subrayado la importancia de ser cautelosos mientras las investigaciones continúan.
Este caso destaca la colaboración efectiva entre la Guardia Civil y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para combatir la corrupción y asegurar la integridad del sistema penitenciario en España.