El CGPJ respalda a los jueces del caso Dani Alves y pide responsabilidad política

CGPJ / Archivo
En una declaración institucional, el órgano judicial recuerda que proteger a las víctimas no debe implicar renunciar a la presunción de inocencia y reclama responsabilidad a los políticos que critican las resoluciones judiciales

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha salido al paso de la polémica generada por la sentencia que absolvió al exfutbolista Dani Alves, con un claro mensaje: la crítica política no debe socavar la confianza de la ciudadanía en la justicia.

A través de una declaración institucional aprobada por unanimidad en su Pleno, el órgano de gobierno de los jueces ha recordado que la revisión de resoluciones por tribunales superiores forma parte del funcionamiento habitual del Estado de Derecho. El comunicado se refiere a la sentencia 109/2025, dictada por la Sección de Apelación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que el pasado 28 de marzo revocó la condena de cuatro años y medio de prisión impuesta a Alves por agresión sexual.

“La sentencia del TSJC está sujeta, como cualquier otra, a los mecanismos de revisión previstos en las leyes procesales”, señala el CGPJ, que insiste en que el sistema de recursos existe precisamente para garantizar decisiones justas y ajustadas a derecho.

La resolución absolutoria ha desatado una fuerte polémica social y política. Colectivos feministas han organizado protestas en Barcelona y representantes del Gobierno, como la ministra de Igualdad, han expresado abiertamente su rechazo a la decisión judicial. Ante esta oleada de reacciones, el CGPJ subraya que el apoyo a las víctimas, especialmente en casos de delitos contra la libertad sexual, “no puede implicar la renuncia a la presunción de inocencia”, un principio que define como “fundamental”.

El Pleno expresa su “confianza en la profesionalidad y capacitación técnica” de los magistrados tanto de la Audiencia Provincial de Barcelona como del TSJC, y les traslada su apoyo al margen del sentido de sus decisiones.

Finalmente, el comunicado lanza un mensaje directo a la clase política: el derecho a discrepar con una sentencia debe ir acompañado de un compromiso con la estabilidad institucional. “Es responsabilidad de los representantes públicos compatibilizar su legítima crítica con la defensa de la confianza ciudadana en el sistema judicial”, concluye el texto.

La absolución de Dani Alves, que ha generado un intenso juicio mediático y un importante seguimiento social desde su detención, se convierte ahora en el centro de un nuevo debate: ¿cómo equilibrar la protección a las víctimas y la garantía de los derechos fundamentales en un contexto de polarización?