Consumo expedienta a Alquiler Seguro por posibles prácticas abusivas contra inquilinos
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa Alquiler Seguro, una inmobiliaria con presencia en todo el territorio nacional, por supuestas prácticas abusivas en la gestión de arrendamientos, entre ellas, la imposición a los inquilinos de contratar seguros.
La medida forma parte de una investigación más amplia que sigue activa desde octubre del año pasado y que podría implicar a otras agencias inmobiliarias. Dicha investigación se centra en el cobro de comisiones no permitidas por ley y la imposición de servicios no solicitados a quienes alquilan viviendas. La actuación ministerial se puso en marcha tras recibir denuncias de organizaciones como el Sindicato de Inquilinas-CECU, FACUA y la OCU.
Ha sido precisamente FACUA-Consumidores en Acción la que ha desvelado públicamente que la firma afectada por el expediente es Alquiler Seguro. La asociación denunció a esta empresa en noviembre de 2023 por cargar honorarios directamente a los inquilinos, una práctica que quedó expresamente prohibida con la entrada en vigor de la nueva ley de vivienda.
Según esta organización, la inmobiliaria exigía el pago de una cantidad equivalente a una mensualidad de alquiler más el 21% de IVA, amparándose en la prestación de un supuesto “servicio de atención al arrendatario”.
Prácticas contrarias a la legislación vigente
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran el cobro de comisiones por la gestión del arrendamiento, la obligación de contratar seguros, así como la imposición de servicios que los arrendatarios no habían solicitado. Todas estas acciones están prohibidas por la Ley 12/2023, de 24 de mayo, que establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador, no por el inquilino.
Desde el Ministerio recuerdan que la apertura de un expediente sancionador no implica una resolución definitiva, aunque las posibles sanciones contempladas por la normativa pueden ser de gran envergadura. En caso de que se determine una infracción grave, las multas podrían alcanzar los 100.000 euros, cifra que podría multiplicarse hasta ocho veces si se estima que los beneficios obtenidos ilícitamente superan ese umbral. En situaciones catalogadas como muy graves, las sanciones podrían llegar al millón de euros o incluso superar esa cantidad bajo el mismo criterio multiplicador.
El alquiler turístico, bajo lupa
Este expediente se suma a otro procedimiento abierto recientemente por el Ministerio contra una plataforma de alquiler de viviendas turísticas. En aquel caso, se detectaron miles de anuncios que fueron calificados como publicidad ilícita, al infringir la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Asimismo, el pasado mes de febrero se iniciaron nuevas investigaciones contra empresas que gestionan este tipo de alojamientos en distintas comunidades autónomas, por presuntamente ofrecer información falsa o que, aunque técnicamente cierta, podría inducir a error por su manera de presentarse.
Todas estas actuaciones responden al compromiso del Ministerio que encabeza Pablo Bustinduy de situar la protección de los derechos de los consumidores, especialmente en el acceso a la vivienda, como una prioridad de su agenda.
