El peor episodio de gota fría sufrido en el Levante durante este siglo ha terminado por convertirse en uno de los peores desastres de la historia de España, provocando más de doscientos muertos, decenas de desaparecidos, miles de personas que no pueden vivir en sus hogares, pueblos enteros devastados por el agua y miles de millones de euros en daños materiales. En estos todavía primeros días, la prioridad de todas las administraciones y organizaciones tiene que ser la recuperación de los cuerpos de las víctimas mortales, la asistencia a los rescatados y desahuciados, la atención a los ciudadanos que necesitan auxilio y dar apoyo y solidaridad a los que han perdido casas y negocios. Para ello, es imprescindible ejercer las actividades en colaboración y unidad, demostrándolo, que es lo que la ciudadanía espera ante este tipo de situaciones. Cualquier otra actitud constituye una irresponsabilidad. Por eso resulta sorprendente (aunque ya nos tenga acostumbrados) la reacción inicial del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechando la tragedia para hacer oposición al Gobierno de España, en un ejercicio de impostura política, de utilización de la conmoción pública y de un burdo oportunismo que bordea, si no rebasa, la falta de respeto a los afectados y a su dolor.
En medio aún de una tragedia de esta magnitud, es increíble que haga falta recordar el reparto de competencias del ordenamiento español. La Generalitat valenciana tiene activado el nivel 2 de emergencia, que le permite conservar el mando, la competencia exclusiva sobre la gestión de la tragedia y solicitar la ayuda que crea necesaria al Gobierno central, el cual se pone a plena disposición de la administración que gestiona el territorio afectado. Es decir, todos los efectivos que Defensa, Interior o cualquier otro ministerio envía estos días a Valencia son los solicitados por el presidente Mazón, que decide además en qué lugar operan. El presidente valenciano puede solicitar el nivel 3 y que el Gobierno central se haga cargo de todo, pero no lo ha hecho.
Con el paso de los días y la desesperación de quienes siguen sin saber nada de sus seres queridos, están sin luz o sin agua, con sus calles colapsadas o sin una casa en la que refugiarse, se han multiplicado las críticas ciudadanas y las preguntas sobre la cantidad de recursos disponibles para hacer frente al drama y la celeridad en su movilización, abriéndose paso un sentimiento de rabia e indignación que explotó el pasado domingo en el recibimiento en Paiporta a los Reyes, al presidente del Gobierno de España y al presidente de la Comunidad Valenciana. El dolor, la desesperación y el agotamiento pueden explicar los incidentes, pero no justificarlos. Ningún error o negligencia puede disculpar los insultos ni el lanzamiento de barro y objetos contra los funcionarios y las autoridades de un Estado de derecho, ni mucho menos los intentos de agresión directa al presidente del Gobierno, fruto de la estrategia meticulosamente puesta en práctica de la derecha y la extrema derecha de deshumanización y demonización de su persona. Este estallido de violencia alentado y promovido por elementos ultras, aprovechándose del mal ajeno para alimentar una estrategia populista de extrema derecha contra nuestra democracia y nuestro Estado de derecho debe movernos a la reflexión sobre la intoxicación informativa (su Majestad el Rey así lo resaltó) sembrada por aquellos que pretenden generar caos y provocar la desafección hacia las instituciones democráticas, creando de manera artificial un supuesto fenómeno, la anti política. Hay personas desalmadas que se acercan a la tragedia únicamente para sacar partido de ella, aprovechándose del dolor. Se denomina miseria moral. Las ratas tratan de sacar réditos.
Es verdad que hay un sentimiento de indignación, ¿quién podría reprochárselo a personas que se vieron durante muchos días abandonadas? Justamente ahí es donde los buitres intentan instalar ese discurso de la anti política, sin caer en la cuenta de que lo que indigna a muchísima de la gente que se ha visto abandonada es precisamente su sentido de la política, su manera de entender cómo debe funcionar, la necesidad de que el Estado estuviera ahí para protegerles. Cuando la gente pide política lo que pide son médicos, bomberos, policías, soldados, y eso son impuestos y gestión política de esos recursos. La ciudadanía no está renunciando al Estado, al contrario, lo que hace es reivindicarlo a la vez que denuncia una sensación de desamparo de aquellos que tienen la función de proteger a esos ciudadanos y que claramente no reaccionaron en los primeros días o no hubo una reacción acorde con la magnitud de lo que la gente necesitaba.
En este país padecemos una enfermedad, la polarización partidista. Se ha viciado el clima político por el interés partidista en el corto plazo. Lo que la ciudadanía quiere ver es coordinación y acuerdo por parte de las diferentes autoridades, dejando a un lado su filiación política. Quieren ver que en el día a día, las cosas funcionen: que esa política actúe, que no haya ningún enfoque o sombra partidista que impida o que dificulte el trabajo a los demás. Hagamos una reivindicación de la política que, por ejemplo, están haciendo los alcaldes y alcaldesas, porque es lo que necesitan los ciudadanos: alguien que gestione, que dé la cara y que informe como avanzan las soluciones. Otro ejemplo de esta forma de hacer política, lo encontramos en el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha dejado a un lado su vehemente estilo, sin pelos en la lengua, especialmente en sus redes sociales, para dedicarse exclusivamente a gestionar y a informar de las actuaciones que se están realizando desde su departamento sobre las zonas afectadas. Gestión y transparencia.
Transparencia precisamente es lo que le ha faltado hasta el momento al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. A estas alturas, más de diez días después de la tragedia, empiezan a ser imprescindibles algunas explicaciones y aclaraciones sobre su gestión y sus intentos de ocultar la cadena de incompetencia en la jornada del 29 de octubre, incluida su agenda. Cuantos más detalles se van conociendo, más cuestionable resulta su actuación. El presidente de la Generalitat Valenciana no estuvo a la altura. Retrasó la toma de decisiones y escogió mal sus prioridades, ajeno a sus responsabilidades. Llegó más de dos horas tarde a la reunión del comité de crisis por almorzar hasta las seis de la tarde en un restaurante con una periodista y delegó en una consellera tan negligente como él, que ignoraba que existía un instrumento a su disposición para mandar una alerta a través de los móviles a todos los ciudadanos con el objetivo de prevenir lo que finalmente ocurrió. Los valencianos merecen una explicación por parte de un político que lleva once días escondiéndose, mintiendo e intentando repartir sus culpas. La dignidad que se le debe a la ciudadanía incluye la transparencia y, desde luego, la ausencia de mentiras.