Investigado un empresario por tener a sus trabajadores en condiciones lamentables
La Guardia Civil ha investigado a un empresario agrícola por un delito contra los derechos de los trabajadores, por tener a 25 personas alojadas en una nave de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), sin las mínimas condiciones de habitabilidad y en unas condiciones lamentables higiénico-sanitarias, y que habían sido contratadas para trabajar en explotaciones agrícolas.
Según informa este lunes la Guardia Civil, el investigado es un hombre de 52 años, que había contratado a 25 personas de nacionalidad rumana para que trabajasen en explotaciones agrícolas de la Comunidad de Madrid dedicadas al cultivo de ajo y cebolla en la Vega del Tajo, en localidades como Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo, Estremera y Colmenar de Oreja.
La Guardia Civil de Santa Cruz de la Zarza solicitó la documentación pertinente sobre pruebas covid a estas personas, 10 mujeres y 15 hombres, que informaron a los agentes de que vivían en una nave de Santa Cruz de la Zarza y que trabajaban para una empresa agrícola con sede administrativa en Las Pedroñeras (Cuenca).
Cuando los agentes comprobaron las pésimas condiciones de habitabilidad en este lugar abrieron una investigación y realizaron gestiones para localizar al dueño de la nave investigada, quien les informó de que se la había alquilado al administrador de la empresa con sede en Las Pedroñeras, a quien ya se la había alquilado en años anteriores, y para un uso exclusivo de acopio de maquinaria o almacenaje.
El 9 de julio, personal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo junto con Guardia Civil realizaron una inspección y se levantó acta de la situación en la que se encontraban los trabajadores.
A finales del mes de agosto, los agentes pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Ocaña las diligencias instruidas con el fin de citar judicialmente como investigado al administrador de esta empresa conquense, responsable de la contratación de estas personas, por un delito contra los derechos de los trabajadores.
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