Hoy viernes, el Juzgado de Primera Instancia número 68 de Madrid celebrará una vista para resolver la demanda presentada por el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina contra el PSOE, en la que reclama su reincorporación al partido tras su expulsión en diciembre de 2022. La medida se produjo después de que Leguina apoyara públicamente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de mayo de 2021, lo que llevó al partido a abrirle un expediente de sanción.
Un juzgado de Madrid desestima las medidas cautelares solicitadas por Joaquín Leguina contra el PSOE
Leguina reclama sus derechos de militancia y pide una indemnización
La demanda, presentada por Leguina, se dirige contra Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y Marta López Expósito, dirigente socialista, a quienes acusa de vulnerar su derecho fundamental a la militancia. El exdirigente socialista solicita que el PSOE le readmita como militante y exige una indemnización de 18.000 euros por daños morales, argumentando que se ha visto privado de su derecho a participar en la vida política del partido y se han lesionado sus derechos de libertad de expresión y crítica.
Decisión del juez sobre las medidas cautelares y desarrollo del expediente
El pasado mes de abril, el juzgado desestimó la petición de medidas cautelares con las que Leguina pretendía detener temporalmente los efectos de la expulsión mientras se resolvía el proceso judicial. En su demanda, el exlíder madrileño solicita que se declare nulo el acuerdo adoptado por el PSOE el 23 de noviembre de 2022, en el que se le suspendió cautelarmente de militancia. Alega además que esta decisión ha causado un grave perjuicio a su reputación y derechos políticos.
Expulsión del partido por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso
El PSOE inició el procedimiento de expulsión contra Leguina en mayo de 2021, después de que éste acompañara a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de campaña y, según la Ejecutiva Federal del partido, manifestara su respaldo hacia la candidatura del PP. Este mismo expediente también incluyó en su momento a Nicolás Redondo Terreros, aunque finalmente fue archivado para este último al considerar el partido que Redondo no había solicitado explícitamente el voto para Ayuso.
Por su parte, Redondo Terreros valoró la decisión de archivar su caso como un signo de apertura del PSOE hacia la diversidad de opiniones dentro de sus filas. Sin embargo, el expediente de Leguina siguió adelante, y en noviembre de 2022 recibió en su domicilio un burofax en el que se le comunicaba formalmente su suspensión de militancia, medida que ahora busca revertir judicialmente.
Este proceso judicial, que plantea el debate sobre la libertad de expresión y el derecho a la discrepancia en los partidos políticos, podría sentar un precedente en la interpretación de los derechos de los militantes de formaciones políticas en España.