Un misterio llamado Díaz Aparicio

Se llama Francisco Javier Díaz Aparicio, es abogado penalista, parece que le gusta la popularidad y se ha especializado en la defensa de narcotraficantes, por lo que, dicen algunos de sus compañeros, está bastante acostumbrado a llegar a pactos entre sus clientes y la Fiscalía, para suavizar las penas de condena, a cambio de determinados acuerdos...

Díaz Aparicio se ha convertido, tras la renuncia del abogado de oficio, en el defensor de 'Abdu Wily', el pirata que ha tenido que pasar por hasta siete pruebas para demostrar que es mayor de edad aunque su madre (con la que todos los días pide hablar), desde Somalia, insiste en que es menor de edad.

Ha aparecido en escena de pronto, sólo ha tenido una conversación con su cliente, con el que ha podido hablar poco porque dice que no le entiende, y asegura que ha llegado hasta él por un compañero de celda... Para añadir más misterio al caso, se niega a contestar quién paga sus honorarios, si el Gobierno a través del Ministerio del Interior o de Asuntos Exteriores, de los fondos reservados del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), desde donde se está coordinando la información sobre el secuestro del atunero Alakrana, o de un bufete británico que, de acuerdo con los mediadores, está interviniendo en las negociaciones entre los piratas, el Gobierno y los armadores del barco.

Él mismo ha contribuido al misterio cuando, preguntado si le pagaba el Gobierno (algo que ha negado el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos), se ha mostrado deliberadamente ambiguo: "No puedo contestar si estoy contratado por el Gobierno o por las autoridades españolas".

Lo sorprendente del misterioso abogado es que haya sido el único que haya propuesto una solución, que ya habría trasladado al teniente fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos, para que después de un juicio rápido los dos piratas, que reconocerían su delito con atenuantes ya que sólo participaron dos días en la retención de la tripulación y serían solamente "cómplices", fuesen condenados a una pena menor de seis años, lo que permitiría su expulsión de España en aplicación de la Ley de Extranjería...

El artículo 57 de la Ley prevé que "cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa someterá al juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación".

Esta solución imaginativa pasaría por el correspondiente pacto de los defensores de los dos piratas con la Fiscalía, que junto al abogado del Estado fueron los que pusieron en marcha el proceso para el traslado a España de los dos secuestradores que después se limitaron a cumplir los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y Santiago Pedraz, para ir a un juicio rápido con una propuesta que dé lugar a una sentencia de conformidad.

Ahora lo mas complicado es la firma de cualquier convenio con Somalia, un país con el que España tiene las relaciones congeladas y en el que no existen garantías para que los expulsados puedan cumplir la pena impuesta, o para que puedan ser juzgados allí, donde un sector de la población vive precisamente del dinero de los rescates, sino que las autoridades del llamado Gobierno de transición, con el que esta negociando España a través del embajador en Kenia, Nicolás Martín Cinto, puedan impedirlo.