El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido llevar a juicio al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas por presuntas irregularidades cometidas entre 2003 y 2011 en la adjudicación de suelo público en la Comunidad de Madrid. Estas irregularidades se habrían realizado a través de la empresa regional Arpegio y la entidad pública Mintra.
En una resolución detallada, el magistrado ha acordado el pase a procedimiento abreviado de esta pieza del ‘caso Púnica’. Esta investigación ha puesto el foco en las supuestas prácticas corruptas de Granados durante su tiempo como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, y más tarde como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
Delitos imputados
García Castellón considera que los hechos investigados pueden constituir delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Además de Granados, se propone juzgar a varios empresarios, entre ellos David Marjaliza y Javier López Madrid, quien también está implicado en los casos Lezo y Villarejo. Por otro lado, el juez ha decidido archivar el caso para cuatro de los investigados, incluido el empresario José Luis Ulibarri.
Adjudicaciones en infraestructuras
El juez describe cómo los implicados habrían desviado fondos públicos a través de Mintra, favoreciendo a la trama con adjudicaciones de obras de infraestructura. Entre los proyectos investigados se encuentran el tramo 1C de Metro Sur, el tramo 1A de Metro Norte y la nueva línea de Metro Ligero en Boadilla.
«Se entregaba a los funcionarios implicados la potestad de fijar precios, plazos de contrato y criterios de valoración, asegurando así la elección del adjudicatario. Además, se les daba el mando para incrementar los precios y plazos mediante contratos modificados y complementarios», explica García Castellón en su resolución.
Destitución y nueva asignación de Granados
Esperanza Aguirre destituyó a Granados como consejero de Transportes en 2004, tras recibir quejas de algunos proveedores sobre el favoritismo hacia empresas del círculo de Marjaliza y Granados. Sin embargo, Aguirre lo nombró secretario general del Partido Popular de Madrid poco después.
Tras su cese, Granados asumió nuevas responsabilidades en la Consejería de Presidencia, incluyendo la gestión de la empresa pública Arpegio, anteriormente bajo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Administración de los Fondos Prisma
Granados también gestionó los Fondos Prisma a través de Arpegio, que se encargaba de la construcción de obras civiles y actividades urbanísticas. El juez sostiene que Granados se concertó con Marjaliza para adjudicar a sus sociedades parcelas públicas del proyecto ‘Ciudad Jardín’ de Arroyomolinos, que incluía más de 3.950 viviendas, la mayoría con algún tipo de protección.
Obsequios navideños y comisiones en especie
García Castellón destaca que Granados y su esposa, María Nieves Alarcón, utilizaron fondos públicos de Arpegio para enviar cestas de Navidad a su círculo cercano en 2006 y 2007, con un gasto total de 100.139,17 euros. Este gasto personal fue cargado a las arcas públicas.
Además, el juez detalla los regalos continuados de Marjaliza a Granados, incluyendo un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, safaris, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros. Estos obsequios eran comisiones en especie por los favores concedidos entre 2004 y 2011.
El juicio por el ‘caso Púnica’ representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la Comunidad de Madrid, poniendo de relieve las prácticas ilícitas de altos cargos y empresarios para desviar fondos públicos en beneficio propio. El proceso judicial buscará esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de Francisco Granados y los demás implicados.