La Formación Profesional (FP) sigue avanzando como uno de los caminos más demandados por los jóvenes para continuar sus estudios tras las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Bachillerato, y que supone una alternativa a las carreras universitarias. La Comunidad de Madrid es consciente de ello y ha apostado en los últimos tiempos por reforzar este ámbito. De hecho, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso lanzó hace unos meses una campaña para promover estos grados. Cerca de 170.000 madrileños cursaron este 2023/24 alguno de los 144 ciclos formativos de grado básico, medio o superior, repartidos en 26 familias profesionales. Además, son destacables las ayudas a esta formación con la oferta de diferentes becas desde la administración autónomica.
Si bien, este panorama dista del existente en la Comunidad Valenciana que también dirige el Partido Popular con Carlos Mazón al frente. Uno de los primeros escollos fue la reducción del presupuesto destinado a FP y es que el Ejecutivo autonómico fijó una inversión de 55 millones de euros para esta oferta formativa. En el anterior año, el gobierno del Botànic destinó 109 millones de euros. Pese a todo, la Generalitat aún trabaja en la necesidad de crear un programa de Formación Profesional para potenciar estos grados y también para adaptarlos a las necesidades de las empresas. El Consell ya ha trasladado las instrucciones que oferten este curso las FP con medidas como la formación en empresas con la dualización, la inclusión de tutores en estas prácticas o el número máximo de alumnos. El curso comenzará el próximo 9 de septiembre.
Según el último Observatorio de la Formación Profesional publicado por Caixabank Dualiza, en la Comunidad Valenciana el número de estudiantes matriculados en FP llega a 119.375 en el curso 2022-2023. Sanidad es la Familia Profesional con el mayor porcentaje de estudiantes con 20,31%, seguida por Administración y Gestión con 13,18%.
Por otra parte, la oferta de la FP privada parece que también cautiva a los estudiantes, pues se ha disparado en un 235% en los últimos diez años en la región valenciana. El crecimiento de estos centros privados no concertados es una de las conclusiones que destaca este estudio.
¿Una reforma que no funciona?
Desde UGT denuncian la falta de desarrollo normativo autonómico para la implantación de esta reforma de la Formación Profesional, que también, indican, deja a los centros educativos sin las herramientas adecuadas para adaptarse a la reforma. Destacan que «a pesar de las negociaciones en la Mesa Sectorial de Educación y la audiencia y consulta públicas, las órdenes de adaptación regional no se han terminado de elaborar, aprobar y publicar oficialmente».
El propio sindicato ha señalado como ejemplo el caso de un IES de Valencia, «con 430 estudiantes en primer curso de 14 ciclos de Grado Medio y Superior, que sólo ha recibido tres horas lectivas para la tutoría de estancias formativas, cuando debería contar con al menos 28 horas (dos por cada uno de los 14 grupos de ciclo formativo que inician su formación)».