El ministro Óscar Puente comparece este jueves en el Senado

Este jueves, el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a comparecer en la comisión del Senado que investiga las implicaciones políticas del conocido como ‘caso Koldo’. La sesión, fijada para las 11:30 horas, llega tras nuevas informaciones que intensifican la presión sobre el ministerio.

Las últimas revelaciones apuntan a dos líneas principales de investigación: la contratación de Jessica Rodríguez —persona vinculada al exministro José Luis Ábalos— en la empresa pública Ineco, y las sospechas de adjudicaciones de obras a cambio de comisiones en la etapa en que Ábalos ocupaba la cartera de Transportes.

Contradicciones en torno al contrato en Ineco

Durante su intervención previa en el Senado, el 6 de noviembre de 2024, Óscar Puente afirmó que no existían indicios de irregularidad en el caso de Rodríguez. Alegó que había documentación que justificaba su actividad laboral: registros de fichaje, correos y partes horarios. Sin embargo, estas pruebas chocan con la declaración de la propia Rodríguez ante el Tribunal Supremo, donde aseguró que nunca llegó a ejercer funciones en Ineco.

A raíz de estas contradicciones, el juez Leopoldo Puente, instructor del caso en el Supremo, ha remitido un auto a la Audiencia Nacional. En él advierte que existen “indicios bastantes” de delito en la contratación de Rodríguez, señalando directamente a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

Documentos manuscritos y adjudicaciones sospechosas

Paralelamente, la investigación judicial ha dirigido el foco hacia las adjudicaciones de obras públicas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. El avance del caso se ha visto impulsado por unos documentos manuscritos atribuidos a Koldo García, exasesor del exministro, en los que se recogen listados de contratos junto a anotaciones codificadas por colores.

La autoría de estos documentos ha sido confirmada mediante un análisis caligráfico, y su contenido resulta clave; según la versión de Víctor de Aldama, los colores diferenciaban obras ya adjudicadas a empresas que habrían pagado comisiones de aquellas aún disponibles para futuras asignaciones.

Entre las constructoras que figuran en los manuscritos se encuentran empresas relevantes como Levantina, Lantania, Ortiz, ASCH, Avintia y San José. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando si hubo pagos irregulares asociados a estos contratos y cómo se desarrolló el proceso de adjudicación.

La comparecencia de Puente tiene lugar en un contexto especialmente tenso para el Ministerio de Transportes. La posible implicación de altos cargos de organismos públicos como Adif e Ineco añade un componente institucional de gran calado a la investigación.

Lo que inicialmente fue un caso centrado en comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia ha evolucionado hasta salpicar a varias ramas de la gestión pública, poniendo en entredicho el control sobre los recursos del Estado y la ética en la contratación pública.

Será ahora el juez Ismael Moreno, instructor del caso en la Audiencia Nacional, quien evalúe si la documentación y el informe de la UCO son suficientes para abrir una causa formal contra la expresidenta de Adif. Mientras, las pesquisas en torno a las empresas adjudicatarias continúan con el objetivo de esclarecer si se produjeron amaños en la concesión de obras financiadas con fondos públicos.

La comisión del Senado, por su parte, continuará recabando testimonios y documentos que ayuden a delimitar las posibles responsabilidades políticas.