Diez años después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera vender 1.800 viviendas públicas de alquiler social al fondo de inversión Blackstone, el Tribunal Supremo ha fallado a favor de los vecinos en un caso que podría marcar un antes y un después en la lucha de cientos de familias por conservar sus hogares.
La sentencia, que beneficia directamente a cuatro familias, sienta un precedente alentador para las 300 que aún están inmersas en procesos judiciales para evitar ser desalojadas. Estas viviendas, gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), incluían una opción de compra que, según los afectados, fue ignorada tras la operación de 2013 llevada a cabo por el gobierno municipal de Ana Botella.
El abogado de los vecinos, Mariano Benítez de Lugo, calificó el fallo como “trascendental”. Según él, el tribunal confirma que los inquilinos tenían derecho a adquirir sus viviendas por el mismo precio que el fondo Blackstone las compró. “La resolución valida lo que ya había dicho la Audiencia Provincial: que los vecinos podían ejercer su derecho a compra por el precio de la venta al fondo especulativo”, destacó.
Los inquilinos tenían derecho a adquirir sus viviendas por el mismo precio que Blackstone
En cifras, el contraste es impactante. Mientras que el valor actual de estas viviendas podría rondar los 300.000 euros, en 2013 Blackstone adquirió cada unidad por apenas 70.000 euros, según denuncian los afectados. Durante estos años, el fondo recurrió todas las sentencias favorables a los inquilinos, pero esta vez, el fallo del Tribunal Supremo es definitivo.
“Es el principio del fin”, afirmó Arantxa Mejías, portavoz de los vecinos afectados, quien expresó su satisfacción por el resultado. “Esto demuestra que teníamos razón. Aunque la justicia sea lenta, finalmente llega”, añadió.
La sentencia no solo devuelve la esperanza a estas familias, sino que también podría tener un impacto directo en los desahucios programados. La prórroga aprobada por el Gobierno hasta el 31 de diciembre ha aplazado muchos lanzamientos, pero el abogado Benítez de Lugo insiste en que, tras este fallo, se deberían suspender por completo. “Es inconcebible que no exista un marco legislativo que extienda esta protección más allá de esa fecha”, criticó.
El fallo del Tribunal Supremo representa el triunfo en una batalla que ha durado más de una década, dejando entrever la posibilidad de un cambio estructural en la defensa del derecho a la vivienda frente a intereses especulativos.