El Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja está siendo el encargado de neutralizar la investigación sobre la DANA, además de las denuncias relacionadas con la tragedia. La titular del mismo insiste en requerir a la Generalitat Valenciana que comunique antes de este viernes qué persona tomó la decisión de enviar a la población el SMS de alerta el pasado 29 de octubre.
Por el momento, no hay respuesta a dicha cuestión, más allá de lo que explicó la portavoz del Consell, Susana Camarero, ante las preguntas de los periodistas: «El Centro de Coordinación de Operativo Integrado (Cecopi), evidentemente, que es un órgano colegiado en el que tengo que recordarles que hay dos codirectores, el representante de la Conselleria de Emergencias (Salomé Pradas) y de la Delegación del Gobierno (Pilar Bernabé), por lo tanto colegiadamente se dio la orden, no es una orden nominal«. De esta manera, no señala a ningún responsable, aunque este martes afirmó que fue el secretario de Estado de Medioambiente el que alertó sobre la posible rotura de la presa de Forata y es cuando se lanza el mensaje ES-Alert.
Camarero ha reiterado la «máxima colaboración» del Gobierno valenciano con la jueza que investiga la gestión ante la riada. Además, ha reivindicado que «lo primero que se mandó a la jueza fueron 1.000 folios con las actuaciones. Ahora la jueza ha pedido una aclaración al Consell, también creo que a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y hay hasta el viernes (para darla). Los servicios jurídicos remitirán las peticiones del juzgado ahora y en lo sucesivo«.
Por otro lado, en otras dos resoluciones la magistrada de Catarroja ha acordado exigir sendas fianzas de 6.000 euros a Vox, Podemos y al sindicato CGT -en este último caso tras aceptar la inhibición de unas diligencias previas cursada por un juzgado de Valencia- para permitir que ejerzan la acusación popular en la causa.
¿Hubo silencio de la CHJ?
A la CHJ se le ha pedido que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y precise de qué forma se transmitieron, un período de tiempo en el que la Generalitat les acusa de «silencio», y que además la jueza señala en el auto que no hay mensajes en ese espacio temporal.
No obstante -precisa la juez- la propia Confederación informó en una nota de prensa fechada el pasado 4 de febrero que el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) funcionaba y transmitía datos actualizados cada cinco minutos. Es por esta razón por la que la magistrada requiere al ente hídrico que facilite “la integridad” de los datos existentes en ese intervalo de tiempo sobre el caudal del barranco y concrete “el medio utilizado de transmisión”, si éste consistía en su publicación en la página web de la CHJ o se usó algún otro.
La magistrada ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias, tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas” durante esa fecha.
Además, ha decidido citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.
Los fallecidos, «esencia» del procedimiento
La resolución judicial recoge que de la práctica de los ofrecimientos de acciones y declaraciones de testigos y familiares de los fallecidos del partido judicial de Catarroja “se constata un desconocimiento por las víctimas de la situación de altísimo riesgo en la que se encontraban por el desbordamiento de la Rambla del Poyo, así como del Barranco de l’Horteta”. La magistrada recuerda que muchas víctimas de la tercera edad se encontraban en las plantas bajas de sus domicilios y murieron en ellos, mientras que otras estaban o circulaban por las calles o bajaban a sacar vehículos de sus garajes cuando el mensaje de alerta donde se instaba a evitar desplazamientos se envió a los teléfonos móviles a las 20.11 horas.
Además, la jueza ha encargado ahora una valoración forense de los familiares de las víctimas mortales de la por la riada que han sufrido daños psicológicos, así como las personas que resultaron lesionadas por las inundaciones. Esta recuerda que está analizando la “evitabilidad” de la catástrofe, a la que ya aludió en anteriores resoluciones, y la investigación de los fallecimientos es la “esencia” de este procedimiento, “el objeto sobre el que versa esta investigación, el daño absolutamente irreparable”.
La investigación sobre qué pasó
La juzgadora considera que es necesario analizar no solo si se produjeron las oportunas mediciones del caudal del barranco del Poyo y su conocimiento por parte de los responsables de Emergencias, sino también si la “simple percepción directa de cualquier persona cercana” a esa rambla de la “intensidad del desbordamiento” pudo permitir a esos responsables conocer la situación.
Además de analizar la remisión del SMS por el sistema Es-Alert, la titular del órgano judicial entiende que ha de dilucidarse también si se comunicó el riesgo existente a la población y la evolución de las circunstancias meteorológicas por “otros medios” de forma previa, como “conferencias de prensa, declaraciones públicas o comunicados oficiales a los medios”. Respecto al envío del SMS de alerta a la población, la juez indica que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión. También solicita a la Conselleria que identifique al funcionario o al técnico que ejecutó esa orden.