La medida, inédita desde 1980, busca «salvaguardar al país» frente a amenazas comunistas y elementos antiestatales, generando una intensa crisis política.
Un anuncio inesperado en un contexto de tensiones políticas
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendió al país este martes al anunciar la declaración de la ley marcial de emergencia, una medida extraordinaria en la historia reciente surcoreana. Según el mandatario, la decisión responde a la necesidad de proteger a la nación frente a «las amenazas planteadas por las fuerzas comunistas de Corea del Norte» y eliminar los «elementos antiestatales».
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Este anuncio ocurre en un momento de gran tensión política tras la aprobación, por parte del Partido Demócrata —mayoritario en la Asamblea Nacional y opositor al Gobierno—, de unos presupuestos generales para 2025 que incluyen fuertes recortes. Además, el texto aprobado por la oposición incluye mociones para destituir a figuras clave del entorno de Yoon, como el fiscal general y el presidente de la Junta de Auditoría e Inspección, organismos encargados de la fiscalización de cuentas públicas.
Respuesta dividida: críticas de los partidos políticos
La declaración de la ley marcial ha desatado una fuerte división política. El líder del oficialista Partido del Poder Popular, Han Dong-hoon, calificó la medida como «errónea» y aseguró que «se opondrá junto con el pueblo». Por su parte, el Partido Demócrata, principal fuerza opositora, ha convocado una reunión de emergencia para evaluar los pasos a seguir.
Restricciones severas bajo la ley marcial
Con la declaración del estado de ley marcial extraordinaria, el gobierno ha movilizado a las fuerzas militares para garantizar la seguridad y el orden público. Según la Constitución de Corea del Sur, esta medida otorga al Ejecutivo amplios poderes, entre ellos:
- Prohibir las actividades parlamentarias y políticas.
- Someter a los medios de comunicación y editores al control del comando militar.
- Ordenar la vuelta a sus puestos de trabajo de todo el personal médico, incluidos aquellos en formación, en un plazo de 48 horas.
Las autoridades han advertido que cualquier incumplimiento de estas disposiciones podría conllevar arrestos inmediatos.
Impacto social y político
El decreto incluye la instrucción de «minimizar los inconvenientes para la población», salvo en el caso de aquellos considerados contrarios al régimen. Sin embargo, la decisión ha generado inquietud entre la ciudadanía y la comunidad internacional, que observa con atención los acontecimientos en uno de los principales aliados estratégicos de Occidente en Asia.
La agencia de noticias Yonhap citó fuentes del ejército, quienes confirmaron que las restricciones afectarán no solo a las actividades políticas, sino también a otros sectores clave del país. Pese a ello, la Constitución establece que, si la Asamblea Nacional solicita el levantamiento de la ley marcial con el voto de la mayoría de sus miembros, el presidente estará obligado a revocarla.
Un precedente histórico
La última vez que Corea del Sur vivió una situación similar fue en 1980, durante las manifestaciones que desembocaron en la masacre de Gwangju, un episodio clave en la historia de la democracia del país. Este contexto histórico añade mayor controversia a la medida adoptada por Yoon, en un momento en que las relaciones con Corea del Norte y las tensiones internas colocan al país en una encrucijada política.
La declaración de la ley marcial marca un nuevo capítulo en la política surcoreana y plantea interrogantes sobre el futuro de la democracia en una de las economías más desarrolladas de Asia. Las reacciones internacionales y el desenlace en la Asamblea Nacional serán determinantes para el curso de esta crisis.