Un PP que no respeta ya ni los derechos humanos
Tras varios meses de intensas negociaciones el Gobierno de España aprobó hace unos días mediante Real Decreto Ley la modificación de la Ley de Extranjería para la redistribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas tras sumar los apoyos necesarios. De esta forma se pretende aliviar la situación de saturación en la que se encuentran los centros de acogida en Canarias, que actualmente tutela a más de 5.000 menores. La medida, que tendrá que ser aprobada definitivamente en el Congreso, contempla la modificación del artículo 35 de la ley, haciendo obligatorio el reparto cuando se multiplique por tres la capacidad de acogida ordinaria de un territorio. El cambio permitirá que en aquellos territorios que estén muy tensionados puedan realizarse traslados a otras regiones.
La distribución de estos menores que, en el momento actual, deberían salir de Ceuta y Canarias, se activará a través de una declaración de “contingencia migratoria” que tendrá en cuenta cuando en un territorio se triplique la capacidad de acogida ordinaria. El traslado hacia otras regiones se hará con base en una serie de criterios con los que se pondera la población, la dispersión de población, la renta per cápita y el desempleo. Para contemplar la singularidad de cada comunidad también se tendrá en cuenta la insularidad y si el territorio es frontera, el número de menores acogidos en los últimos seis meses o el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años en atender a este colectivo.
De esta forma se da una solución reglada de acogida entre Comunidades Autónomas ante una contingencia migratoria, estableciendo una solidaridad equitativa con criterios homogéneos para todas las autonomías aplicados con la máxima transparencia, que es la mejor opción y la más eficiente en defensa de los derechos humanos y del interés superior del menor. Este es el primer gobierno que aprueba una solución estructural a la situación que viven los menores migrantes, en los territorios frontera que reciben más presión migratoria y que llevan padeciendo este problema desde hace 30 años. Representa por ello un hito histórico.
Criterios objetivos aplicados con máxima transparencia. Sin embargo, una vez más la extrema derecha y la “derechita cobarde” de Feijóo, incapaz de coger aire y autonomía de Abascal, en lugar de tener altura de miras para abordar esta cuestión han decidido hacer la peor de las políticas tratando de conseguir réditos electorales, olvidando de paso que el Estado español, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, debe garantizar que esos niños y niñas son acogidos de manera digna y que sus derechos son respetados, incluyendo también el derecho a pedir asilo y a que se detecte si tienen algún tipo de vulnerabilidad.
Vivimos tiempos difíciles en los que los discursos del odio tienen cada vez más eco en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales, propagándose en la sociedad y encendiendo un fuego de incalculables consecuencias. El fenómeno migratorio se está utilizando de manera muy peligrosa, especialmente la situación de menores no acompañados, como parte del juego político. Es muy grave e irresponsable alentar discursos xenófobos y crear una situación de inseguridad y miedo inexistente. La tentación de intentar sacar rédito político, basado en la ira y el miedo, mediante la criminalización de los inmigrantes se va extendiendo. El último ejemplo precisamente lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, con el aún presidente del PP, Mazón, entregado a Vox en cuerpo y alma para tratar de salvarse de la quema tras su nefasta gestión de la DANA. Un Mazón que no ha dudado en asumir sin ningún pudor el discurso xenófobo de la formación ultraderechista. Cualquier cosa con tal de salvar su cabeza y mantenerse a cualquier precio en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Ojalá hubiera sido igual de rápido y diligente la madrugada del 29 al 30 de octubre del 2024.
Las autonomías tienen el deber de documentar a los menores no acompañados y darles herramientas para que puedan continuar su vida adulta cuando alcancen la mayoría de edad. Se trata de cumplir, en definitiva, con lo establecido en la legislación española para integrarles en la sociedad, ni más ni menos. Los presidentes y presidentas autonómicas del Partido Popular harían bien en no olvidarlo, ya que su presidente nacional, Feijóo, parece haberse inhibido sobre su responsabilidad a la hora de establecer la línea política de su partido sobre esta cuestión, o lo que es peor, ha decidido hacer seguidismo de Vox, olvidando que la estrategia de ceder a la extrema derecha para frenarla nunca funciona. Todas las normas y discursos que han tratado de neutralizar a los partidos de extrema derecha asumiendo sus premisas han conseguido justo lo contrario: los han legitimado y han provocado un trasvase de votos a su favor.
El impacto de la ultraderecha es palpable en la creciente polarización ideológica de las opiniones, tendencia esta que dificulta un debate racional e imprescindible sobre la inmigración y su gestión. Si antes el racismo justificaba la exclusión, hoy se basa en la supuesta incompatibilidad cultural de ciertos grupos con la identidad nacional. Al imponerse el brutalismo discursivo de quien dice las cosas “como son” para rechazar el relativismo cultural, es más difícil identificar el racismo de un discurso que se dice valiente, franco, directo y sin filtros. Las migraciones y la protección de menores son políticas de Estado y como tales deben abordarse con rigor y responsabilidad, tal y como están haciendo el PSOE y el Gobierno de España, partiendo del cumplimiento de las obligaciones legales internacionales y de las leyes españolas, continuando con la garantía de la colaboración leal entre las administraciones y terminando con una respuesta a esta realidad bajo tres principios: solidaridad, humanidad e integración. Por el bien de España el Partido Popular no debería deslizarse hacia posiciones populistas, oportunistas y xenófobas buscando un supuesto rédito electoral.
Me cuesta pensar que sea cierto lo que leía hace unos días en un medio de comunicación sobre la supuesta intención de Ayuso de “crear MENAS violentos” en poblaciones del sur de Madrid donde gobierna el PSOE para utilizarlo políticamente a través de una estrategia muy clara: hacinarlos en un centro aislado, rodeados de basura y naves industriales, alejados de cualquier tipo de socialización para dejarles como única salida la marginalidad en vez de la integración. No me puedo creer que sean capaces de jugar con la vida de estos menores para sacar rédito político. Espero que no sea cierto.
Quien ha visto y quien ve al Partido Popular. Ya ni tan si quiera trata de imitar a Vox, su nueva referencia es Alvise. Y todo por un puñado de votos. El día que Alberto Núñez Feijóo deje la política, entre su legado sobresaldrá el haber abierto la puerta de las instituciones a Vox y haber sentado en asientos de Gobierno a la extrema derecha por primera vez en 40 años en nuestro país. También figurará en su haber el ser el responsable de la radicalización de su propio partido político. Hay asuntos en los que cada vez cuesta más diferenciar si quien habla es el PP o la extrema derecha, especialmente en lo relativo a la inmigración.