El PP llevará al Tribunal de Cuentas la anulación del contrato de munición con Israel
Los populares acusan al Gobierno de actuar por razones ideológicas y advierten de un posible perjuicio económico para las arcas públicas
El Partido Popular ha anunciado que llevará ante el Tribunal de Cuentas la reciente decisión del Gobierno de anular el contrato de adquisición de munición con la empresa israelí IMI Systems. La formación considera que esta rescisión, ordenada este jueves por el Ejecutivo, responde a criterios “políticos” y no a fundamentos técnicos o jurídicos, lo que podría suponer, en su opinión, un grave perjuicio económico para el Estado.
Según advierten desde la formación, la cancelación de la compra, ya adjudicada y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), podría derivar en responsabilidades contables por parte del Gobierno.
Señalan un uso partidista del poder ejecutivo
Desde el principal partido de la oposición sostienen que la decisión del presidente Pedro Sánchez se enmarca dentro de una dinámica de “abuso de poder” y responde a la presión ejercida por sus socios de coalición. Según el PP, el Ejecutivo habría optado por romper unilateralmente el contrato con IMI Systems a pesar de que la adjudicación ya contaba con todos los avales legales y administrativos necesarios.
El PP considera que, más allá del debate político, esta actuación podría implicar un coste económico directo que terminarían asumiendo los contribuyentes. La formación ha destacado que un contrato de estas características no puede ser revocado sin consecuencias, dado que implicaría indemnizaciones y pagos sin contraprestación a la empresa afectada.
Exigen responsabilidades
El Partido Popular no solo ha mostrado su rechazo a la anulación del contrato, sino que también ha anunciado una estrategia de control y supervisión ante los próximos movimientos del Gobierno.
Con esta iniciativa, los populares pretenden llevar el caso hasta las instancias de fiscalización económica para que se evalúe si la decisión del Ejecutivo ha vulnerado las normas de gestión del gasto público. Además, se plantean exigir responsabilidades personales si se acredita que se ha producido un daño a las finanzas del Estado.
La cancelación del contrato con IMI Systems ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno y la oposición, en un terreno especialmente delicado como es el de la política de Defensa. Aunque el Ejecutivo no ha explicado oficialmente la decisión, el contexto político sugiere que la presión de uno de los socios minoritarios de la de la coalición, Izquierda Unida, habría sido determinante.
La actuación del PP refuerza su estrategia de fiscalización y denuncia frente a lo que considera decisiones “arbitrarias” del Gobierno. En este caso, la formación se apoya en la legitimidad de un contrato ya firmado y publicado oficialmente, y en la posible responsabilidad contable que supondría su cancelación sin causa justificada desde el punto de vista económico y jurídico.
