Historias de mi vida liberal | Crítica a la eutanasia: la imaginación de la izquierda que lleva a la muerte de los desahuciados

Según el País en 2019 "La vida y la muerte están por encima de ideologías". Con estas palabras, Asun Gómez-Bueno, la viuda de Luis de Marcos, un enfermo de esclerosis múltiple que murió en 2017 tras solicitar sin éxito un suicidio asistido, pidió a los políticos que se despenalizase la eutanasia. Junto con el médico Marcos Hourmann y el viudo y uno de los hijos de Maribel Tellaetxe, han entregaron en el  Congreso de los Diputados un millón de firmas para que se aprobara una ley de muerte digna que regule este derecho.

Las firmas se recogieron a través de tres campañas diferentes en la plataforma Change.org. Hourmann, el primer condenado en España por practicar la eutanasia a una paciente con su consentimiento y el de su familia, recabó 600.000 apoyos para Ángel Hernández, que en abril pasado suministró un preparado letal a su esposa, María José Carrasco, aquejada de esclerosis múltiple durante tres décadas. "Hemos decidido venir aquí, a la Casa del pueblo, para exigirles a los políticos una solución para la gente que está sufriendo. Tienen que legislar ya una ley de muerte digna", dijo en su dia Hourmann.

   Casi 23 años después de la muerte de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que se quitó la vida tras librar infructuosamente la batalla por el derecho a hacerlo de forma legal, los ciudadanos podían al fin recurrir de modo reglado a una asistencia que hiciera posible su muerte en condiciones dignas si sufren enfermedades graves, incurables, crónicas o invalidantes. El sufrimiento de esta etapa de la vida en que el desenlace mortal no solo es seguro, sino que además llega en condiciones penosas para el paciente, tiene una solución legal, en una sociedad que según la izquierda demandaba el cambio. Se apoyaban en que cerca de un 90% de la población se mostraba favorable a la eutanasia, según una encuesta de Metroscopia de 2019.

La aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en España ha marcado un antes y un después en el debate sobre el derecho a morir dignamente. Sin embargo, detrás del supuesto avance en derechos, se esconden peligros latentes que ponen en entredicho la ética, la medicina y la seguridad jurídica de los pacientes más vulnerables.

En el Contexto de la Legalización de la Eutanasia. El 11 de diciembre de 2020, la ley fue aprobada con el respaldo de los partidos de izquierda, mientras que el Partido Popular, Vox, UPN y Foro Asturias votaron en contra. Este hecho consolidó a España como el sexto país en regular la eutanasia, con la promesa de ofrecer una muerte digna a aquellos que sufren enfermedades graves e incurables.

La normativa establece un proceso burocrático con la participación de varios profesionales de la salud y un jurista, además de la verificación de la voluntad del paciente en cuatro ocasiones. Aparentemente, estas disposiciones garantizan un marco de seguridad. Sin embargo, la rápida implementación de la ley y la falta de consulta a expertos en bioética han generado críticas sobre la profundidad del debate previo a su aprobación.

Los Peligros de la Eutanasia la necesidad de un debate profundo por ser 

Una pendiente resbaladiza. En países como Bélgica y los Países Bajos, donde la eutanasia se legalizó hace décadas, el número de personas que recurren a esta práctica ha aumentado significativamente. Lo que en un principio se concibió como una excepción para casos extremos ha evolucionado hacia una opción disponible incluso para pacientes con enfermedades mentales o simplemente con "cansancio de vivir".

La falsa autodeterminación. Se argumenta que la vida es un don, y que ninguna persona debe tener el derecho de acabar con la suya propia o la de otro. La legalización de la eutanasia normaliza la idea de que el suicidio asistido es una solución aceptable al sufrimiento, en lugar de fomentar el acompañamiento y la atención paliativa.

El Estado como juez de la vida y la muerte. La historia ha demostrado que cuando el Estado se arroga la facultad de decidir quién puede morir, el abuso no tarda en manifestarse. En países donde la eutanasia está regulada, han surgido denuncias de pacientes que fueron eutanasiados sin su expreso consentimiento o que fueron persuadidos para optar por esta opción en lugar de recibir tratamientos alternativos.

Impacto en la ética médica. La eutanasia contradice el principio hipocrático de "primum non nocere" (primero, no hacer daño). En un contexto donde se permite que un médico provoque la muerte de un paciente, la confianza en la profesión médica se ve socavada. La percepción de que un hospital puede ser también un lugar donde se administra la muerte podría generar miedo en los pacientes más vulnerables, como los ancianos y enfermos crónicos.

Desincentivo a la inversión en cuidados paliativos. La promoción de la eutanasia como una "solución" al sufrimiento podría reducir el esfuerzo y la inversión en mejorar los cuidados paliativos. En lugar de destinar recursos a mejorar la calidad de vida de los pacientes en estados terminales, se fomenta una salida rápida y barata a sus dolencias.

 Un Debate Necesario y Profundo. La eutanasia se ha presentado como un avance social, pero encierra peligros que no pueden ser ignorados. La posibilidad de que se trivialice la muerte asistida, la falta de una inversión real en cuidados paliativos y la posibilidad de abusos hacen necesario un debate más profundo sobre las consecuencias de esta legislación.

En una sociedad que valora la dignidad humana, el reto no está en facilitar la muerte, sino en garantizar la mejor calidad de vida posible hasta el último momento. Antes de normalizar la eutanasia como un "derecho", es fundamental cuestionarse hasta qué punto estamos dispuestos a convertir la muerte en una solución estatalizada y, sobre todo, qué dice esto sobre nuestra responsabilidad con los más vulnerables.

La frase plantea una profunda reflexión ética y social sobre la eutanasia y el papel del Estado en la muerte asistida. Ampliémosla en varios aspectos:

1. La Dignidad Humana como Pilar Fundamental. En una sociedad que realmente valora la dignidad humana, el foco debe estar en garantizar que cada persona pueda vivir con bienestar hasta su último aliento. Esto implica proporcionar acceso a cuidados paliativos de calidad, apoyo emocional y social, así como combatir el abandono y la desesperanza que muchas veces llevan a considerar la eutanasia como única salida. La dignidad no reside en la mera opción de morir, sino en el derecho a vivir con acompañamiento y sin sufrimiento innecesario.

2. El Estado y el Riesgo de la Muerte. Como Solución. La eutanasia, cuando se normaliza como un “derecho”, puede convertirse en una solución estatalizada a problemas que, en realidad, deberían abordarse desde el fortalecimiento del sistema de salud y el bienestar social. Si una persona pide morir porque se siente una carga o porque no recibe el cuidado necesario, la responsabilidad recae en la sociedad que ha fallado en ofrecer alternativas dignas. No se trata solo de garantizar la opción de morir, sino de preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para que esa persona quiera seguir viviendo.

3. La Responsabilidad Colectiva Frente a los Más Vulnerables. Cuando se permite que la muerte asistida se convierta en una respuesta socialmente aceptada, los más vulnerables —enfermos terminales, ancianos, personas con discapacidad— pueden sentir una presión sutil (o explícita) para tomar esa decisión, no por verdadera autonomía, sino por la percepción de que su vida es un peso para los demás. Una sociedad justa no debe ofrecer la muerte como escape, sino reforzar su compromiso con quienes más lo necesitan.

4. El Peligro de la Normalización y sus Consecuencias Éticas. Antes de consagrar la eutanasia como un derecho, es crucial analizar sus implicaciones a largo plazo. ¿Estamos estableciendo un camino en el que la muerte se vuelve una respuesta institucionalizada ante el sufrimiento? ¿No sería más humano invertir en recursos que alivien el dolor y la angustia de los pacientes en lugar de facilitar su desaparición? La legalización de la eutanasia puede abrir la puerta a escenarios donde la línea entre la libertad individual y la presión social se vuelva cada vez más difusa.

Finalmente. El verdadero reto ético no es legalizar la muerte asistida, sino construir una sociedad que garantice la mejor calidad de vida posible hasta el último aliento. La eutanasia no debe ser una vía rápida para encubrir nuestras fallas estructurales en salud, atención geriátrica y acompañamiento emocional. Antes de hacer de la muerte una solución accesible, debemos asegurarnos de que la vida sea realmente digna de ser vivida hasta el final.