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La Fiscalía podrá disolver asociaciones franquistas si aprecia delitos de odio o violencia

El Ministerio Público podrá actuar por la vía penal contra organizaciones que hagan apología del franquismo, mientras que los colectivos memorialistas podrán colaborar en el proceso

La Fiscalía General del Estado tendrá la capacidad de forzar la disolución de asociaciones franquistas cuando detecte que incurren en delitos de incitación al odio o a la violencia. Así se recoge en una enmienda transaccional que el PSOE y sus socios parlamentarios han incorporado a la reforma de la Ley Reguladora del Derecho de Asociación, actualmente en trámite en el Congreso.

Dicha modificación se enmarca dentro del desarrollo de la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, que ya preveía cambios normativos para impedir la existencia de entidades que ensalcen el golpe de Estado de 1936 o la dictadura franquista.

El Congreso aprueba tramitar la ley para disolver asociaciones que hagan apología del franquismo

Una reforma que amplía los mecanismos de disolución

La propuesta socialista contempla la incorporación de una disposición adicional en la ley de asociaciones que permitirá su disolución si llevan a cabo actividades de apología del franquismo.

Según el texto, esta apología podrá manifestarse de dos formas:

  • Enalteciendo el golpe de Estado de 1936 o el régimen franquista.
  • Exaltando a sus dirigentes con menosprecio hacia las víctimas de la dictadura, ya sea de forma directa o a través de la incitación al odio o la violencia contra ellas.

Uno de los puntos clave es que la disolución de una asociación no dependerá de lo que reflejen sus estatutos ni de su inscripción oficial en el registro, sino de su actividad real. Además, se especifica que la disolución deberá ser ordenada por un juez y que será la Fiscalía la encargada de impulsar estos procesos.

Vía penal: una nueva herramienta para actuar contra asociaciones franquistas

A la propuesta original se ha añadido ahora una enmienda que introduce una segunda vía para la disolución, esta vez en el ámbito penal.

Con esta modificación, el Ministerio Fiscal podrá actuar de oficio cuando detecte delitos contra derechos fundamentales, con especial atención al delito de asociación ilícita si se producen actos de incitación al odio o a la violencia.

Asimismo, el nuevo texto reconoce el derecho de participación en estos procesos a las asociaciones franquistas y entidades dedicadas a la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del franquismo, otorgándoles lo que se conoce como "legitimación activa".

Próximos pasos en el Congreso y aprobación final

La previsión es que la reforma de la ley pase la próxima semana a la Comisión Constitucional y llegue en abril al Pleno del Congreso. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará el respaldo de al menos 176 diputados (mayoría absoluta) para ser aprobada y remitida al Senado.

Cabe destacar que esta modificación solo afectará a asociaciones, mientras que la disolución de fundaciones franquistas como la Fundación Franco sigue un procedimiento distinto, gestionado por el Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urtasun (Sumar).