Investigado un directivo del SAS en Cádiz por adjudicaciones irregulares por más de 200 millones
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha dado un giro en la investigación sobre el presunto fraccionamiento irregular de contratos por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) al citar como investigado a su director económico central de compras en Cádiz, Demetrio González Mera. La jueza, Rosa María García, ha modificado la citación original, que era en calidad de testigo, y ha decidido imputarle en una causa que ya alcanza los 235 millones de euros en adjudicaciones.
La declaración tendrá lugar el próximo 28 de abril y representa el primer paso formal en una provincia donde, según denunció Podemos, se detectaron irregularidades sistemáticas en la adjudicación de contratos públicos durante el año 2021.
La denuncia parte de informes internos
La investigación judicial se abrió tras una denuncia presentada por Podemos, basada en informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que advertían de la existencia de un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores entre enero y diciembre de 2021.
El objetivo, según la denuncia, era eludir los requisitos de publicidad, transparencia y libre concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Esta práctica permitía, presuntamente, adjudicar los contratos a dedo, sorteando los mecanismos de control habituales.
Distribución por provincias
La magnitud del caso abarca varias provincias andaluzas. De acuerdo con los datos recogidos en los informes:
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En Huelva, el 46,49 % del total de las contrataciones del SAS, unos 91,9 millones de euros, se adjudicaron mediante este sistema.
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En Jaén, fueron 69,8 millones (33,2 % del total).
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En Cádiz, 235,4 millones de euros, lo que supone el 23,2 % del volumen contractual.
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En Córdoba, se detectaron contratos por valor de 61 millones de euros (21,9 %).
Uno de los casos más llamativos se dio en Córdoba, donde se firmaron 507 contratos menores con la farmacéutica Novartis por un único medicamento, con un importe total de 2,2 millones de euros.
Testimonios clave ante la jueza
La decisión de imputar a González Mera se produce después de que la magistrada tomase declaración a varios testigos, entre ellos los interventores José Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, quienes ratificaron el contenido de los informes. También comparecieron las jefas de servicio Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.
Cada juzgado, un caso
El juzgado de Cádiz es el primero en abrir diligencias formales y citar a un imputado, aunque la denuncia inicial se presentó en Sevilla. El caso se fragmentó en función del ámbito geográfico y se derivó a los juzgados de cada provincia afectada.
Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla investiga otra causa relacionada, tras una denuncia del PSOE, que cuestiona el uso continuado de contratos de emergencia por parte del SAS más allá del contexto de la pandemia. En esa línea, fueron citados en noviembre como investigados la gerente del SAS, Valle García, y los exgerentes Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.
Exigen responsabilidades políticas
Desde Podemos, el coportavoz en Andalucía, José Manuel Jurado, ha insistido en que es "urgente y necesario" esclarecer quiénes fueron los responsables políticos que autorizaron este sistema de adjudicación, apuntando directamente al
Además, ha cuestionado el reciente cese del director general de Gestión Económica del SAS, José Antonio Miranda, al considerar que la justificación oficial —la necesidad de descanso— no es creíble: "Nadie en Andalucía se cree esa versión".
En la misma línea, el secretario general del PSOE en Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido explicaciones por la imputación de González Mera, recordando que ya son cuatro los altos cargos investigados por presunta prevaricación, vinculados a la adjudicación irregular de contratos públicos a clínicas privadas entre 2020 y 2024.
La causa abierta en Cádiz, aunque aún en fase inicial, podría convertirse en un caso de gran envergadura si se confirma que el fraccionamiento era una práctica sistemática y coordinada. Tanto el contenido de los informes como la dimensión económica de los contratos hacen pensar que no se trata de actuaciones aisladas.
Con varios altos cargos ya investigados y la presión política al alza, todo apunta a que este será uno de los escándalos más relevantes en la gestión sanitaria andaluza de los últimos años.
