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Condenado un inspector de Hacienda en Ávila por solicitar un soborno de 50.000 euros

La Audiencia Provincial de Ávila ha impuesto una pena de dos años de prisión y cinco años de inhabilitación a un inspector de Hacienda tras reconocer su culpabilidad en un delito de cohecho. El acusado pidió 50.000 euros a un contribuyente a cambio de favorecerle en una inspección fiscal

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público a un inspector de Hacienda por un delito de cohecho, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, la acusación particular y la defensa.

El condenado, que ocupaba el cargo de jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias del Servicio Territorial de Hacienda de Ávila, intentó obtener un beneficio económico injusto exigiendo un pago de 50.000 euros a cambio de favorecer a un contribuyente en una inspección fiscal.

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Detectó irregularidades en una herencia y pidió dinero al representante legal

Los hechos ocurrieron entre finales de 2022 y principios de 2023, cuando el inspector llevaba a cabo la revisión de una declaración del impuesto de sucesiones presentada por un ciudadano en nombre de su madre, quien había heredado los bienes de su hermana fallecida en 2021.

Durante la inspección, el funcionario descubrió que en la declaración no se habían incluido varios bienes del patrimonio hereditario, lo que implicaba la necesidad de recalcular la base imponible y determinar una nueva liquidación del impuesto.

Aprovechando esta situación, el inspector contactó con el hijo de la heredera, quien actuaba como su representante legal debido a su avanzada edad, y le solicitó 50.000 euros alegando que atravesaba graves problemas económicos y que lo hacía “por su hijo y por desesperación”.

El inspector planteó diversas formas de pago para disimular el soborno

El acusado propuso varias fórmulas para el pago del soborno con el objetivo de disimular la operación y evitar sospechas. Entre sus sugerencias, planteó:

  • La compraventa ficticia de su vehículo, donde el contribuyente compraría el coche y después se lo revendería.
  • Pagos fraccionados de 10.000 euros en varias entregas.
  • Aportaciones diarias en efectivo hasta completar la cantidad exigida.

Sin embargo, el soborno nunca llegó a materializarse.

Un acuerdo entre las partes evita el juicio

Tras la investigación de los hechos, el caso llegó a la Audiencia Provincial de Ávila, donde la Fiscalía, la acusación particular y la defensa del inspector alcanzaron un acuerdo de conformidad. Este pacto permitió reducir la pena al acusado, evitando así la celebración de un juicio.

La sentencia, que ya es firme, condena al exfuncionario a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier empleo o cargo público.