El Consejo de Ministros aprobó este martes un anteproyecto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, con el objetivo de “democratizar” el acceso a la carrera judicial, reforzar la imparcialidad de las asociaciones judiciales y mejorar las condiciones de promoción profesional de jueces y fiscales.
Así lo anunció el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien insistió en que la iniciativa busca “modernizar” una ley que no ha experimentado ninguna “reforma sustancial” en los últimos 40 años, adaptándola a las exigencias y necesidades del siglo XXI para así avanzar hacia un sistema más igualitario, transparente y profesionalizado.
Cambios en el acceso a la carrera judicial y fiscal
Entre las principales novedades, el texto incorpora por primera vez al sistema de oposición para jueces y fiscales una prueba escrita anónima que evaluará la capacidad de los aspirantes para redactar y relacionar conceptos jurídicos. Con este cambio, el proceso tradicional, que incluía dos pruebas orales y una tipo test, pasa a componerse de una prueba oral, una tipo test y una prueba escrita.
La reforma también incorpora importantes cambios en la regulación del llamado ‘cuarto turno’, por el cual “juristas de reconocida competencia” pueden acceder a un cargo sin necesidad de superar una oposición convencional. En este sentido, la nueva normativa establece que, siempre que se convoquen oposiciones para el turno libre, se abrirán de manera simultánea las plazas del ‘cuarto turno’ para así garantizar que uno de cada cuatro jueces acceda por esta vía. Una proporcionalidad prevista en la ley vigente, pero que, según explicó el ministro Bolaños, no se ha aplicado de forma efectiva, ya que solo el 9,3% de los jueces en España han accedido a la carrera judicial a través de este mecanismo.
Además, este mismo sistema se aplicará por primera vez en la carrera fiscal, permitiendo que profesionales con “más de 10 años” de experiencia puedan convertirse tanto en jueces como en fiscales, según corresponda. No obstante, para agilizar el proceso de selección, los aspirantes deberán superar un ejercicio de redacción de un dictamen antes de que sus méritos profesionales sean valorados. De modo que, únicamente se evaluarán los currículums de los candidatos que hayan aprobado dicha prueba escrita.
Asimismo, para fomentar la igualdad de oportunidades y facilitar el acceso a personas con menos recursos, el Ejecutivo ha incorporado un sistema de becas públicas cuya cuantía será equivalente al salario mínimo interprofesional durante al menos cuatro años. Estas becas estarán acompañadas por la transformación del Centro de Estudios Jurídicos en un centro público de preparación de oposiciones que contará con delegaciones en todo el territorio nacional y que, además, gestionará un registro público de jueces y magistrados que actuarán como preparadores para así evitar que la “baja renta de las familias” sea un impedimento para conseguir una plaza.
Promoción y estabilización de la carrera judicial
En paralelo, el anteproyecto introduce un sistema de ascenso automático “por antigüedad” y mejora la especialización de jueces y magistrados en áreas clave como el derecho mercantil y la violencia sobre la mujer, ampliando sus posibilidades de promoción.
Del mismo modo, se eliminan las incompatibilidades para que jueces y fiscales sustitutos puedan ejercer otras profesiones mientras estén “en la bolsa” esperando a ser llamados. Además, en respuesta a las demandas de la Comisión Europea, se llevará a cabo un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, quienes actualmente sufren una elevada temporalidad en sus cargos.
Prohibición de la financiación privada de asociaciones judiciales
Otro de los pilares de la reforma es la prohibición de la financiación privada para las asociaciones judiciales. Una medida que, según explicó Bolaños, busca garantizar la “apariencia de imparcialidad” de estas organizaciones, evitando que reciban fondos de empresas que podrían llegar a estar implicadas en procesos judiciales.
“A mí me parece que la financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y también financiación pública, pero creo que es importante garantizar esa imagen de imparcialidad”, subrayó el ministro.
Cambios en los órganos de representación del Poder Judicial
Por último, la reforma también modifica la composición y elección del Comité de Ética del Consejo General del Poder Judicial, ampliándolo de siete a nueve miembros, de los cuales cinco seguirán siendo jueces y magistrados elegidos por la propia carrera judicial, mientras que los otros cuatro serán catedráticos especializados en Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral, designados por las Cortes Generales. Una medida que ha suscitado críticas inmediatas por parte de algunos expertos que advierten sobre el riesgo de una mayor politización del órgano.
Además, en la misma línea, se reformará el sistema de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, estableciendo: candidaturas individuales, un único voto por elector, la prohibición del voto delegado y la introducción del voto telemático. Todo ello, acompañado por la reducción del mandato de los miembros de estas salas de cinco a tres años.