El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, una nueva normativa presentada por el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que busca “reforzar los derechos fundamentales y los derechos digitales” de los ciudadanos, al tiempo que adapta el marco legal español a las exigencias de la Unión Europea en materia de “pluralidad informativa e independencia editorial”.
En este sentido, el ministro ha explicado que este anteproyecto de ley, que forma parte del Plan de Acción Democrática, contempla la creación de un registro estatal de medios de comunicación, que estará gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que será de acceso público. De modo que los medios de comunicación deberán inscribir en dicho registro su estructura de propiedad, la identidad de sus accionistas y los fondos públicos que reciben —tanto de origen nacional como extranjero— en concepto de “publicidad institucional”. Además, estarán obligados a mantener esta información permanentemente actualizada, con el fin de garantizar “transparencia absoluta” al respecto.
“La palabra es transparencia, y yo creo que los ciudadanos merecen saber quién es el propietario de un medio, qué financiación pública recibe de campañas de comunicación institucional o si se produce una concentración”, ha afirmado López durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, subrayando que la CNMC será el organismo independiente encargado de velar por el cumplimiento de las normativas europeas en un contexto marcado por notables “retrocesos” en la libertad de prensa y por el crecimiento exponencial de las fake news.
Supervisión de la concentración de medios
Junto con esta medida, el anteproyecto también prevé la imposición de límites a la concentración de medios de comunicación, con el objetivo de evitar que un único grupo empresarial pueda alcanzar una posición de dominio que afecte a la pluralidad informativa. En este sentido, aunque los umbrales específicos aún no han sido determinados, López ha reiterado que estos se fijarán en coordinación con la Unión Europea y que será la CNMC la encargada de evaluar las operaciones de concentración cuando estas superen determinados niveles de audiencia o volumen de negocio.
Regulación de los servicios digitales
Más allá de la supervisión de los medios de comunicación convencionales, el anteproyecto introduce medidas dirigidas a fortalecer la regulación de los servicios digitales y las plataformas en línea, en un esfuerzo por garantizar un “espacio digital más seguro y equitativo”. Para ello, la CNMC asumirá también el rol de coordinador de servicios digitales, lo que le permitirá colaborar con la Comisión Europea en la supervisión del cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales.
Entre sus nuevas competencias, el organismo regulador se encargará de supervisar que los proveedores de servicios digitales establezcan canales de denuncia para contenidos ilícitos, velen por la transparencia de sus algoritmos de recomendación y detallen la publicidad presente en sus plataformas. Además, se dotará de herramientas para proteger a los consumidores en sus transacciones digitales, exigiendo una mayor claridad en los contratos en línea y penalizando las prácticas engañosas, como la suplantación de identidad mediante deepfakes o la difusión de desinformación.
En este marco, el Gobierno también ha establecido un régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, con multas de hasta 30.000 euros para las infracciones leves y penalizaciones de hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial del infractor para las infracciones más graves.
No obstante, la normativa ha generado debate en distintos sectores, ya que, mientras el Gobierno insiste en que la iniciativa refuerza el acceso de los ciudadanos a una información veraz y plural, algunas voces críticas advierten sobre la posibilidad de que estas medidas deriven en una mayor injerencia en los medios de comunicación o en un control estatal indirecto de la información. Una hipótesis que el Ejecutivo ha rechazado, remarcando que la CNMC, como organismo independiente, será la encargada de gestionar y aplicar estas regulaciones, lo que, a su juicio, garantiza la imparcialidad del proceso.