La formación de extrema derecha, Vox, habría recibido un préstamo de un banco húngaro con vínculos con Viktor Orbán, lo que podría vulnerar la legislación sobre financiación de partidos políticos en España.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra Vox por presuntas irregularidades en su financiación, tras la denuncia interpuesta por el PSOE el pasado mes de diciembre. El partido socialista acusa a la formación de Santiago Abascal de emplear métodos opacos para captar fondos y de recibir financiación extranjera de manera ilegal.
La noticia, adelantada por El Independiente y confirmada por fuentes fiscales a Europa Press, señala que el fiscal jefe Alejandro Luzón ha acordado abrir un procedimiento reservado al considerar que existen indicios suficientes para investigar la supuesta financiación irregular del partido.
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Captación de fondos en efectivo y donaciones opacas
La denuncia del PSOE, presentada el 13 de diciembre ante la Fiscalía General del Estado, se basa en un análisis exhaustivo de la financiación de Vox. Según los socialistas, desde 2020 hasta la actualidad, el partido ha desplegado mesas informativas por todo el territorio nacional en las que se han utilizado «huchas» y «cajas de caudales» para recaudar dinero en metálico, sin ningún tipo de control ni registro contable.
Esta práctica, según el PSOE, podría haber permitido a Vox recaudar hasta cinco millones de euros sin declarar, lo que vulneraría la legislación vigente. Además, se señala la ausencia de un registro contable de donaciones anónimas y ventas promocionales, lo que refuerza las sospechas de opacidad en la gestión económica del partido.
Préstamo de un banco húngaro vinculado a Orbán
Otro de los puntos clave de la investigación es el préstamo de 6,5 millones de euros concedido a Vox por el MBH Bank Nyrt, una entidad húngara cuyo principal accionista es un fondo estatal vinculado al gobierno de Viktor Orbán. Según la denuncia socialista, este préstamo vulnera la normativa española, que prohíbe a los partidos políticos recibir financiación de organismos, empresas o entidades públicas extranjeras.
Desde Vox han reconocido la recepción de estos fondos, asegurando que fueron destinados a financiar sus campañas electorales para las municipales y generales de 2023. No obstante, justifican este préstamo en el rechazo de los bancos españoles a concederles créditos para sufragar su actividad política. «Las entidades bancarias en España no quieren financiarnos», han declarado fuentes del partido.
Posibles consecuencias legales para Vox
De confirmarse las irregularidades, Vox podría enfrentarse a un proceso judicial por un delito de financiación ilegal de partidos políticos, tipificado en el artículo 304 bis del Código Penal. Esta figura legal contempla penas que van desde sanciones económicas hasta inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos, dependiendo de la gravedad de los hechos.
Por el momento, la investigación sigue en fase preliminar y la Fiscalía Anticorrupción mantiene el procedimiento bajo reserva. No obstante, el caso podría derivar en la apertura de diligencias judiciales si se confirman los indicios de opacidad y financiación irregular en el partido de Santiago Abascal.
El PSOE ha insistido en la necesidad de esclarecer estos hechos y ha exigido «transparencia absoluta» en la financiación de los partidos políticos en España. Mientras tanto, Vox defiende la legalidad de sus prácticas y acusa al Gobierno de utilizar las instituciones para «perseguir a la oposición«.