El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por Pablo Iglesias y el partido Podemos contra el periodista Eduardo Inda y la editora Dos Mil Palabras S.L., propietaria del medio Okdiario. La demanda alegaba vulneración del derecho al honor tras unas declaraciones realizadas en un programa de televisión, en las que se acusaba a Podemos de ser un partido antidemocrático, financiado por los gobiernos de Venezuela e Irán.
El origen del conflicto se remonta a una intervención televisiva del 12 de abril de 2021, en la que Eduardo Inda afirmó que Podemos había sido financiado por dos regímenes dictatoriales, refiriéndose a Venezuela e Irán. Las palabras del periodista, quien calificó a esos gobiernos como responsables de violaciones graves de derechos humanos, generaron una fuerte polémica y fueron reiteradas en un artículo y vídeo publicados ese mismo día en Okdiario.
Libertad de expresión y base fáctica
La Sala de lo Civil del Supremo, tras revisar los argumentos presentados por ambas partes, concluyó que las declaraciones del periodista contaban con suficiente base fáctica como para ser consideradas amparadas bajo el derecho a la libertad de expresión. El fallo señala que, si bien se cuestionaba la financiación de Podemos por parte de Venezuela e Irán, se había reconocido la existencia de vínculos financieros a través de la fundación precursora del partido. Incluso Pablo Iglesias, en una conferencia, hizo referencia a la necesidad de «cabalgar esas contradicciones» en relación a la financiación recibida.
Los magistrados subrayan que, aunque los fondos no se hubieran recibido directamente como financiación partidaria o se hubieran canalizado a través de servicios y programas de televisión, estos vínculos económicos no eliminan la veracidad de los hechos que sustentaban las afirmaciones del periodista. El contexto y la finalidad de las declaraciones, añaden, era criticar el carácter democrático del partido Podemos y su relación con regímenes acusados de violaciones de derechos humanos.
Defensa de la libertad de expresión
Este fallo del Tribunal Supremo establece un precedente en el equilibrio entre el derecho al honor y la libertad de expresión, especialmente en el contexto político. La sentencia reafirma la necesidad de que exista una base fáctica suficiente para realizar acusaciones graves, pero también protege el derecho de los periodistas y medios a realizar críticas fundamentadas sobre figuras y partidos políticos.