El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado que en 2021, durante el gobierno anterior, la Policía del país adquirió el software espía Pegasus, desarrollado por una empresa israelí, con el fin de monitorear comunicaciones. Este controvertido software ha sido utilizado por varios gobiernos alrededor del mundo para realizar tareas de espionaje político. La adquisición coincidió con un período de intensas protestas sociales en el país, lo que ha suscitado preocupaciones sobre un posible uso indebido para vigilar a figuras de la oposición.
Petro aseguró que «la agencia de inteligencia policial de Colombia pagó en efectivo 11 millones de dólares a una empresa israelí con el fin de adquirir un software espía en medio de las protestas sociales y antes de las elecciones de 2022. Además, exigió una investigación detallada sobre esta compra. Según la información proporcionada por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) fue la encargada de llevar a cabo la transacción, enviando el dinero en efectivo desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021. Una vez en Israel, el dinero fue declarado ante las autoridades aduaneras y depositado en la cuenta de la empresa.
Pegasus, el software en cuestión, es conocido por su capacidad para interceptar llamadas telefónicas, acceder a correos electrónicos, interceptar mensajes de aplicaciones como WhatsApp y examinar archivos almacenados en dispositivos móviles. Durante los últimos años, herramientas de este tipo han sido empleadas en diversos países para espiar a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil. Un caso destacado fue su uso en España.
En su discurso, Petro manifestó dudas sobre la legalidad de la operación y sus posibles repercusiones. «¿Cómo pudieron salir del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión, desde entidades estatales vinculadas al gobierno, con destino a Israel para comprar un software de espionaje?», se preguntó. También insinuó que esto podría estar relacionado con «un caso de lavado de activos ejecutado desde el propio Estado».
El mandatario también expresó su preocupación por la falta de transparencia en la compra y el origen de los fondos utilizados. «¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó?», insistió. Petro cuestionó además cuántas personas podrían haber sido espiadas sin autorización judicial, sugiriendo que este caso podría ser parte de un esquema más amplio de espionaje ilegal.
Ante la gravedad de la situación, Petro ha dado instrucciones al director de la Policía, el general William René Salamanca, para que localice el software y entregue toda la información relacionada con su uso a la Fiscalía, de manera que se pueda llevar a cabo una investigación. «Tenemos que llegar al fondo del asunto», recalcó el mandatario.
Recientemente, un magistrado de la Corte Constitucional también denunció haber sido víctima de espionaje, lo que desencadenó una investigación en curso. Fue a partir de este caso que Petro decidió solicitar información, lo que finalmente llevó al descubrimiento de la adquisición del software Pegasus por parte de las autoridades colombianas.
El espionaje político no es un tema nuevo en Colombia. A lo largo de los años, el país ha sido escenario de varios escándalos relacionados con escuchas ilegales. Uno de los más notorios tuvo lugar durante la presidencia de Álvaro Uribe, cuando se descubrió que se habían interceptado ilegalmente las comunicaciones de jueces y otras figuras clave, lo que resultó en condenas para varios responsables.
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