La Unión Federal de Policía (UFP) ha renovado su Comité Ejecutivo para afrontar una «nueva fase de recuperación y crecimiento», tras una etapa de dudosa gestión en la que el número de afiliados había ido «bajando de forma constante» y que ahora «ha recuperado la tendencia al alza», después de que el nuevo equipo tomase posesión de sus cargos el pasado mes de mayo.
Al frente de la nueva Junta Directiva está el inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo, quien asegura que el nuevo equipo está compuesto por «técnicos especializados» en los diferentes campos de actuación como el derecho, la economía o la docencia. «No somos sindicalistas al uso ni pretendemos serlo», subraya.
Junto a él lideran esta nueva etapa de la UFP Josué Hernández, David Navarro, Fernando Otero, Javier Costa, Carlos Quero, Cristian Juralve y Jesús Rozas (quien forma parte, en representación de la UFP, del Consejo de la Policía).
El nuevo equipo tiene muchos retos por delante, pero entre ellos destacan el reconocimiento de los policías nacionales como profesión de riesgo (algo que, a priori, apoyarán tanto PP como PSOE, según el compromiso adquirido con la UFP) y la equiparación salarial con el resto de policías autonómicas y locales.
Romper la brecha salarial con una ley de armonización
En este último caso, y puesto que fue un compromiso adquirido y suscrito en el año 2018, cuando el ministro del Interior era Juan Ignacio Zoido, el nuevo Comité de Dirección tiene claro que «sólo una ley de armonización podría traernos esa equiparación salarial» que llevan demandando, junto con asociaciones de la Guardia Civil, desde hace años.
Desde que se suscribió el acuerdo, el actual equipo del Ministerio del Interior ya ha incrementado el salario de los policías nacionales en un 35 %, según declaró la semana pasada el director general de la Policía, Francisco Pardo, en sede parlamentaria.
Sin embargo, según Giraldo, nunca se logrará esa equiparación si no existe una legislación que armonice y establezca un salario común para todos los efectivos policiales, tanto nacionales (incluyendo a los que están adscritos a diferentes comunidades autónomas, que también se benefician de incrementos salariales) como autonómicos y locales.
«Queremos liderar un cambio en el mundo sindical»
En lo que respecta a asuntos puramente sindicales, el nuevo equipo de gobierno de la UFP se ha fijado una serie de objetivos para «liderar un cambio en el mundo sindical» y promover así que otras formaciones homólogas en el seno de la Policía Nacional sigan el mismo camino.
Por una parte, quieren hacer cambios en los estatutos para, por ejemplo, limitar el número de mandatos de los dirigentes sindicales, porque «no puede ser un trabajo a perpetuidad», señala Serafín Giraldo.
También pretenden que haya una fiscalización del sindicato (con la presentación mensual de las cuentas y que sea necesaria una autorización en gastos superiores a los 100 euros), para una mayor «transparencia» en la rendición de cuentas, y que siempre exista un «control interno de la cúpula» sindical, para que no haya dudas en la gestión.
El objetivo, en definitiva, es que exista «transparencia, sostenibilidad y optimización de los recursos económicos», para que no ser repitan situaciones anteriores de «deudas significativas contraídas con terceros y con entidades bancarias», según Josué Hernández, responsable de los asuntos económicos de la UFP.