Según han informado fuentes judiciales, en su escrito, las defensas del presunto asesino y de la abuelastra y padrastro de la niña, y las acusaciones en representación del padre biológico y de la madre de la menor asesinada, expresan su preocupación por el número de personas que se deberían concentrar en la sala a lo largo de varios días.
Aunque el inicio del juicio estaba señalado inicialmente para el 25 de mayo, el tribunal oscense acordó, a la vista de la declaración del estado de alarma fijar una nueva fecha a partir del 29 de junio.
Los letrados consideran, sin embargo, «inviable» el inicio de una vista sin la existencia de garantías sanitarias para las alrededor de treinta personas, entre ellas los nueve miembros del jurado popular encargado de enjuiciar el caso, que se congregarían en sesiones de más de cinco horas diarias, tanto de edad avanzada como menores.
Además, aseguran que desconocen si para las fechas previstas por el tribunal el país habrá superado las cuatro fases establecidas en el decreto de declaración del estado de alarma, por lo que plantean demorar las fechas entre los meses de septiembre y noviembre próximos.
Los letrados esperan que la Audiencia de Huesca se pronuncie en los próximos días para resolver una propuesta de aplazamiento que consideran «sensata» dada la actual situación sanitaria.
En el primer auto de convocatoria de la vista, el tribunal relataba los hechos narrados por las acusaciones en sus respectivos escritos de calificación acerca del presunto asesinato de Naiara a manos de su tío político, así como de la implicación de su abuelastra y de su padrastro por presuntos delitos de violencia física y psíquica habitual sobre la niña.
Aseguraba el tribunal que las acusaciones deberán probar las largas torturas que sufrió la niña durante horas ante sus primas, también menores de edad, entre otras permanecer de rodillas sobre ortigas, grava, granos de arroz o sal gruesa, privación del sueño, golpes en todas las partes del cuerpo y la colocación de orejas de burro como humillación, al tiempo que era grabado todo en teléfonos móviles.
Finalmente, la Audiencia valoraba como hecho a probar si el acusado la cogió fuertemente del cabello y la golpeó contra el suelo y una mesa hasta que quedó inconsciente provocando finalmente su muerte, en el Hospital Infantil de Zaragoza.
Por contra, la defensa plantea en su escritos que el presunto asesino no solo «no estaba pasando por un buen momento anímico», sino que en los dos últimos meses había sufrido pérdidas de conciencia por una enfermedad neuronal anterior agravada por problemas de «estrés y preocupación».
También se refiere a la posibilidad de que el «carácter rebelde» de Naiara hizo que se despertarse en él «una ira incontrolable, un estado de arrebato y obcecación insuperables».
La Audiencia de Huesca argumenta, asimismo, que las acusaciones apuntan a la existencia de un presunto delito de asesinato, por el que piden para Iván P.P. prisión permanente revisable.
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