Regulaciones de sostenibilidad: el nuevo punto de fricción entre EEUU y la UE
En apenas unas semanas de mandato, Donald Trump ya ha materializado su amenaza de adoptar una política comercial proteccionista. Ha aprobado aranceles para el acero y el aluminio, ha impuesto aranceles comerciales (suspendidos por el momento) a México y Canadá y ha subido también los aranceles de las importaciones chinas.
Las empresas estadounidenses llevan un tiempo enfrentando problemas en Europa, donde la regulación en materias como la protección de datos o las medidas de sostenibilidad son mucho más estrictas, y este podría ser el punto de partida de otro enfrentamiento.
Howard Lutnick, propuesto por Donald Trump para el cargo de Secretario de Comercio, ha destacado que la Directiva de Debida Diligencia Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSDDD) de la Unión Europea podría perjudicar de forma significativa a empresas estadounidenses, por lo que se plantea responder "con todas las herramientas comerciales disponibles".
Implicaciones de la aplicación de la CSDDD
La Directiva de Debida Diligencia Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSDDD) es una nueva legislación de la Unión Europea que tiene como objetivo obligar a las empresas a identificar, prevenir y abordar los impactos negativos de sus actividades en los derechos humanos y el medio ambiente.
Fue aprobada por el Parlamento Europeo en abril de 2024 y entrará en vigor en los próximos años, pero todavía no hay una fecha comprometida. Sin embargo, las empresas son conscientes de que tienen que empezar a prepararse para cumplir con los requisitos de esta nueva norma una vez que forme parte del ordenamiento jurídico europeo.
La Directiva busca que las empresas contribuyan a un futuro más sostenible, respetando los derechos humanos y el medio ambiente en todas sus operaciones y cadenas de valor. A la vez que establece un marco legal común en toda la Unión Europea, lo que facilita el cumplimiento para las empresas y garantiza condiciones de competencia equitativas.
La norma va a exigir a las empresas que rindan cuentas públicamente sobre sus esfuerzos en materia de diligencia debida, lo que aumentará la transparencia y permitirá a los consumidores y otras partes interesadas tomar decisiones informadas.
Las obligaciones principales de las empresas una vez que la CSDDD esté en vigor van a ser.
- Identificar y evaluar riesgos. Tienen que identificar y evaluar los riesgos de impactos negativos en los derechos humanos y el medio ambiente en sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales.
- Prevenir y mitigar impactos. Deben tomar medidas para prevenir o mitigar los impactos negativos identificados, y cuando no sea posible, deben minimizarlos o repararlos.
- Establecer planes de diligencia debida. Las obligadas deben establecer planes de diligencia debida que incluyan políticas, procedimientos y sistemas para gestionar los riesgos y los impactos negativos.
- Informar públicamente. Las empresas deben informar públicamente sobre sus esfuerzos en materia de diligencia debida, incluyendo los riesgos identificados, las medidas tomadas y los resultados obtenidos.
La CSDDD tendrá un impacto significativo en las empresas, que deberán adaptar sus operaciones y cadenas de valor para cumplir con los requisitos de la Directiva. Esto implicará, entre otras cosas, revisar sus políticas y procedimientos, fortalecer sus sistemas de gestión de riesgos y mejorar la transparencia en sus informes.
Su ámbito de aplicación se extenderá a todas las grandes empresas que operan dentro de la UE, con independencia de su país de origen; así como a pequeñas empresas que operan en sectores de alto riesgo.
La respuesta de EEUU
Howard Lutnick, candidato propuesto a Secretario de comercio, cuyo nombramiento todavía tiene que ser confirmado, ya ha mostrado públicamente su descontento con esta norma.
El ex CEO de Cantor Fitzgerald considera que la puesta en marcha de las medidas derivadas de la CSDDD va a afectar a las empresas estadounidenses y ha señalado que se tomarán medidas en respuesta. Entre ellas, ajustes arancelarios y otras herramientas de política comercial que protejan los intereses de las empresas de EEUU.
Descontento de la sociedad civil
La CSDDD es una apuesta por la sostenibilidad, pero las organizaciones de la sociedad civil de la UE creen que las últimas medidas anunciadas dentro de la "Brújula de la Competitividad" por Ursula von der Leyen pueden debilitar muchas de las normas europeas dictadas en materia de sostenibilidad.
"Estamos profundamente preocupados por la orientación actual de las políticas de la Comisión Europea, en particular por la introducción de medidas que pueden debilitar o socavar la legislación previamente acordada, crucial para los objetivos de sostenibilidad de la UE", señalan en una carta enviada a von der Leyen, el vicepresidente ejecutivo, Stephane Sejourné, y el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.
Las ONG advierten de que las nuevas medidas también van a debilitar la directiva de Diligencia Debida. "Creemos que tal medida podría crear incertidumbre normativa, poner en peligro las inversiones ya realizadas y las necesarias inversiones futuras, socavar los derechos de los ciudadanos que se han visto afectados por las operaciones de las empresas, retrasar el progreso, penalizar a las empresas que ya han invertido significativamente en el cumplimiento y erosionar el liderazgo pionero de la UE en materia de normas de sostenibilidad empresarial", señalan el centenar de organizaciones que rubrican la misiva a la presidenta de la Comisión Europea.
