El reparto de los fondos europeos sigue atascado

Han transcurrido cuatro años desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Resiliencia y el Gobierno continúa sin dar una salida adecuada a los fondos europeos Next Generation.

El plazo para utilizarlos finaliza en agosto de 2026. Para entonces, las cantidades que no hayan sido adjudicadas se tendrán que devolver a la Unión Europea.

Ejecución por debajo del 63 %

Los últimos datos hechos públicos sobre esta cuestión ponen de relieve que, durante 2024, el Ejecutivo dejó sin gastar cuatro de cada 10 euros de los fondos europeos que tenía asignados.

De los 34.237 millones de euros listos para usar, solo se ejecutaron 21.628 millones, una cifra equivalente al 63 %. Cifra que está muy por debajo de las expectativas y de los objetivos comprometidos ante la Comisión Europea.

Desde 2021, el porcentaje de ejecución apenas llega al 66 % en términos generales. En 2021 se utilizaron el 83 % de los fondos. En 2022 la cifra pasó al 69 % y en 2023 al 57 %.

Entre 2021 y 2024 España dejó de aplicar cerca de 41.000 millones de euros del total disponible.

Solo el Ministerio de Economía "cumple"

De los 22 departamentos ministeriales de la actualidad, solo el Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, alcanzó en 2024 un nivel de ejecución de los fondos Next Generation cercano al 100 %. Destinando gran parte de las partidas a digitalización e infraestructuras.

Otros cuatro ministerios tuvieron un rendimiento aceptable. Se trata del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que llegó al 82 % de la ejecución, gracias en gran medida a la implementación de programas de inclusión social.

Le sigue de cerca el Ministerio de Transformación Digital, con una ejecución del 81 % y especial énfasis en las acciones destinadas a digitalización de la Administración y de las pymes.

Por lo que respecta al Ministerio de Sanidad, este llegó a un nivel de ejecución del 80 % a través de la inversión en mejora de las infraestructuras hospitalarias.

El Ministerio de Presidencia, por su parte, ejecutó el 79 % de su presupuesto. Centrando el gasto, principalmente, en actividades de apoyo institucional y cohesión territorial.

Otros cuatro ministerios tuvieron un nivel de ejecución media, en torno al 60 %. Fueron:

• Transición Ecológica: 64 %, con avances en energía renovable y eficiencia.
• Industria y Turismo: 61 %, gracias a los programas para reindustrialización.
• Cultura y Deporte: 60 %, dirigidos a rehabilitación de espacios culturales.
• Igualdad: 59 %, enfocado en medidas de lucha contra la violencia de género.

Todos los ministerios cuyo nivel de ejecución quedó por debajo del 50 % representan una preocupación para el ejecutivo. Se trata de:

• Educación y FP: 48 %, con dificultades en la modernización de centros.
• Ciencia e Innovación: 47 %, por trabas administrativas en la financiación de proyectos.
• Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: 45 %, afectado por cuellos de botella administrativos.

Los 12 ministerios restantes no alcanzaron ni el 40 % de ejecución, y hay algunos casos especialmente críticos porque afectan a áreas en las que la ciudadanía demanda más inversión:

• Vivienda y Agenda Urbana: solo ejecutó el 14,5 % de los 3.200 millones presupuestados, en gran parte debido a retrasos en los planes autonómicos.
• Defensa: ejecutó el 36 %, a pesar de que se lleva meses hablando de la necesidad de invertir más en esta área.
• Justicia: 28 %, por lentitud en las licitaciones tecnológicas.
• Universidades: 34 %, con problemas de coordinación entre niveles de gobierno.

Los principales problemas

Los expertos señalan que el retraso en la ejecución de los fondos europeos responde a una combinación de causas estructurales y operativas

Destaca el exceso de burocracia, que hace que los procedimientos administrativos para la asignación y justificación de los fondos sean extremadamente complejos, lo que retrasa la aprobación y ejecución de los proyectos.

Además, la falta de una estructura clara de gobernanza provoca solapamientos, retrasos en la toma de decisiones y confusión entre competencias del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.

Por otro lado, los cambios en las convocatorias, en los criterios de evaluación o en los requisitos técnicos obligan a rehacer procesos ya iniciados, ralentizando aún más los tiempos.

A ello se suma que, tal y como denuncian los sindicatos, muchos ministerios carecen de profesionales con experiencia en la gestión de fondos europeos, lo que genera cuellos de botella en la tramitación.

De igual manera, Ayuntamientos y gobiernos autonómicos, claves en la ejecución final de muchos proyectos, no siempre disponen de medios suficientes para cumplir con los requisitos de los fondos.

Lo que defienden los expertos es la necesidad de reformar de manera profunda la gestión administrativa y reforzar la coordinación entre ministerios, ya que existe un riesgo real de que buena parte de los fondos europeos queden finalmente sin uso y tengan que ser devueltos a la Unión Europea.