El Gobierno retira el recurso contra la orden del Supremo sobre los menores migrantes en Canarias
El Gobierno ha retirado el recurso contra la decisión del Supremo tras acordar con Canarias la acogida de más de 1.000 menores migrantes. Bolaños habla de “lealtad institucional” y defiende el diálogo como vía para resolver conflictos
El Ejecutivo central ha dado marcha atrás y ha decidido retirar el recurso que había presentado contra la orden del Tribunal Supremo que le obligaba a asumir en un plazo de diez días la acogida de más de mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran bajo tutela del sistema de protección de la comunidad autónoma de Canarias.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado este viernes la decisión del Gobierno durante una comparecencia ante los medios junto al conseller de Justicia de Catalunya, Ramon Espadaler, antes de comenzar la segunda jornada de la Comisión Sectorial de Justicia que se celebra en Barcelona.
Bolaños ha explicado que la retirada del recurso llega después de una “muy productiva” reunión mantenida este jueves entre representantes del Gobierno de España y del Ejecutivo canario, en la que ambas partes abordaron la situación de los menores migrantes en las islas.
El auto dictado por el Supremo establecía que el Gobierno debía, “en cooperación con el Gobierno de Canarias”, garantizar una acogida adecuada a estos menores, especialmente a aquellos que han solicitado protección internacional o que están en condiciones de hacerlo.
Inicialmente, la Abogacía del Estado había recurrido la medida cautelar alegando que la competencia sobre la acogida de estos menores recaía exclusivamente en la comunidad autónoma, al margen de que hubieran iniciado o no un proceso de solicitud de asilo. Sin embargo, tras el acercamiento entre ambas administraciones, el Ejecutivo ha optado por evitar un conflicto legal.
“La reunión de ayer del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias es la muestra de que queremos hacerlo con lealtad institucional, como muestra de buena fe negociadora”, ha subrayado Bolaños, destacando que este tipo de acuerdos son una vía adecuada para la resolución de conflictos entre administraciones, evitando así que se judicialicen.
