La polémica consulta a la lengua base en la Comunidad Valenciana: recursos judiciales y próximas manifestaciones
El 25 de febrero se abrirá un plazo para que las familias decidan la lengua principal de sus hijos entre valenciano o castellano, proceso que no gusta a diferentes asociaciones
Unas 570.000 familias están llamadas a participar en la consulta, prevista en la Ley de Libertad Educativa, en la que se decidirá la lengua principal de sus hijos e hijas a partir del curso 2025-2026. Del 25 de febrero al 4 de marzo elegirán de forma telemática la lengua principal, valenciano o castellano, para cada uno de sus hijos matriculados en centros públicos o concertados en 2º ciclo de Infantil, Primaria o los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, considera que es un apuesta del Consell “por la convivencia, el equilibrio entre el valenciano y el castellano y la capacidad de decisión de las familias” frente a “la confrontación y la imposición lingüística” del anterior equipo de Gobierno. Pero a menos de una semana para que se abra la plazo, el asunto aguarda polémica y también ciertas dudas ante el proceso, especialmente para los profesores de los centros, y cuyos resultados serán diferentes en función de si se realiza en una zona valencianohablante o castellanohablante.
Acciones para paralizar la consulta
El proceso ha llegado al sector judicial y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha recibido un total de tres recursos, presentados por Acció Cultural, UGT y Compromís, sobre la Orden por la que se establece la consulta con la intención de paralizarla.
Fue primero Acció Cultural, junto con Famílies pel Valencià y un grupo de familias del barrio valenciano de Russafa, quien pidió al TSJCV la paralización cautelar del proceso. Un recurso fundamentado en que la Ley de Libertad Educativa se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional, por lo que consideraban “necesario evitar que se tomen decisiones irreversibles” en base a “una norma cuya constitucionalidad está pendiente de resolución”. Sin embargo, el alto tribunal valenciano desestimó el pasado jueves la petición cautelarísima, es decir, sin escuchar los argumentos de los demandantes, aunque pidieron al Consell alegaciones sobre este recurso y le dio un plazo de cuatro días para este cometido.
El sindicato UGT interponía el pasado viernes otro recurso ante el TSJCV para anular la consulta al considerar que este proceso “vulnera la autonomía” de centros educativos, claustros de profesorado y consejos escolares donde ya se encuentran representadas las familias. “Supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, puesto que sitúa el valenciano en una posición de inferioridad respecto al castellano”, denuncian desde la organización.
A estos dos recursos se sumaba este mismo lunes el impulsado por Compromís, quien considera que esta consulta "solo pretende enfrentar a unas familias contra otras" e iniciar una "guerra lingüística". Además, el partido ha compartido una campaña con diferentes de sus miembros apoyando el "sí" a votar el valenciano.
A estas acciones judiciales contra las políticas del Consell se suman las manifestaciones convocadas por la Plataforma per l’Ensenyament Públic en las tres capitales de provincia (Valencia, Alicante y Castellón) para el próximo sábado 22 de febrero.
