Sanidad logra el consenso para el nuevo Plan de Salud Mental con una inversión de 39 millones de euros

El nuevo Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 del Ministerio de Sanidad ha logrado finalmente el respaldo técnico y científico que no obtuvo en su primera versión. Dotado con 39 millones de euros, el proyecto será presentado en Toledo con el apoyo del comité técnico de la estrategia nacional, incluido el de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), que en su día se desmarcó del anterior documento por discrepancias en torno a la prescripción de medicamentos.

La primera propuesta del plan fracasó al obtener únicamente el voto favorable de Asturias, Castilla-La Mancha, Canarias y Cataluña, mientras que el bloque de comunidades gobernadas por el Partido Popular votó en contra, alegando falta de presupuesto y la retirada del apoyo de la SEPSM. Sin embargo, tras una serie de modificaciones pactadas en el seno del comité técnico, el nuevo texto ha recuperado impulso sin perder la esencia de su predecesor.

Ocho líneas clave de actuación

El documento renovado gira en torno a ocho ejes de intervención con los que se busca transformar el modelo de atención en salud mental en España. Entre las prioridades figuran:

• Una mayor humanización del sistema.

• La reducción del uso excesivo de psicofármacos, especialmente las benzodiazepinas, donde España sigue liderando el consumo en Europa.

• Impulso a la prescripción social, como herramienta complementaria a los tratamientos clínicos.

• Creación de alternativas a la institucionalización y limitación del uso de sujeciones mecánicas.

• La regulación de la psicoterapia, un asunto largamente debatido entre profesionales del sector.

El objetivo es promover un enfoque integral, centrado no solo en el tratamiento de las patologías, sino también en el bienestar emocional, la prevención y la atención temprana.

Otros asuntos en la agenda

Además del plan de salud mental, el Consejo Interterritorial de Salud ha puesto sobre la mesa otras cuestiones relevantes para el Sistema Nacional de Salud (SNS), entre ellas:

• La derogación de una orden de 1987 que impedía la donación de órganos por parte de personas con VIH.

• La reforma del marco normativo que regula la asistencia sanitaria transfronteriza.

• Nuevos acuerdos sobre la atención a pacientes con esclerosis múltiple y el avance de la estrategia contra las enfermedades neurodegenerativas.

• La actualización del catálogo de pruebas genéticas disponibles en la cartera común de servicios.

Asimismo, se ha planteado la creación de dos nuevos grupos de trabajo, uno dedicado a modificar el real decreto sobre la autorización de centros y servicios sanitarios, y otro centrado en los depósitos de reservas estratégicas.

La sesión también ha abordado cuestiones como:

• Las relaciones del sector público sanitario con la industria del alcohol, con nuevas recomendaciones de buenas prácticas.

• La certificación médica para personas que han superado un cáncer, en el marco del llamado derecho al olvido oncológico.

• La elaboración de una guía común sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en el contexto de la Estrategia de Salud Reproductiva del SNS.

• La distribución de 5,3 millones de euros entre las comunidades autónomas.

• Un acuerdo para la financiación del programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, dotado con 1,7 millones de euros.

• La transferencia de créditos para el Plan de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

• Y la presentación del informe de avance de la Estrategia de Salud Digital del SNS.

Críticas desde las comunidades del PP

Pese al consenso técnico, el plan ha sido recibido con escepticismo por parte de varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, que consideran que los 39 millones de euros asignados son insuficientes para una estrategia de tal envergadura.

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha señalado que el plan carece de una financiación clara y adecuada, y ha advertido que "lo que nos pueden dar es verdaderamente insuficiente para un plan tan ambicioso". Ha insistido en que es necesario negociar las cifras, y ha atribuido la escasez de recursos a la falta de presupuestos y a compromisos financieros con comunidades como Cataluña.

En la misma línea se ha expresado la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, quien ha reclamado una mayor dotación de personal especializado. "La alta tecnología en salud mental son los psicólogos clínicos, los psiquiatras…, y en eso tenemos que trabajar", ha subrayado. Matute ha condicionado el voto favorable de Madrid a que se garantice la disponibilidad de fondos adecuados.

Castilla-La Mancha apela al consenso

Frente a las reticencias del bloque popular, Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, se ha mostrado confiado en que se alcanzará un acuerdo general. Según ha explicado, el plan incorpora aspectos ya consensuados con las sociedades científicas, como la atención a la salud mental infantil y juvenil, el refuerzo de la formación especializada y la apuesta por un enfoque más preventivo y comunitario.

Con este nuevo impulso, el Ministerio de Sanidad espera que el Plan de Salud Mental 2025-2027 se convierta en una herramienta eficaz para responder al aumento de la demanda de atención psicológica y psiquiátrica que vive España, especialmente tras los efectos de la pandemia. El tiempo dirá si los recursos disponibles son suficientes para sostener la ambición del proyecto.