Trece acusados del caso Púnica admiten las adjudicaciones amañadas a Cofely a cambio de rebajas en sus condenas

Trece de los 36 acusados en la pieza separada del caso Púnica, centrada en las adjudicaciones fraudulentas a la empresa Cofely, han reconocido los hechos ante la Audiencia Nacional. Entre ellos se encuentran dos exalcaldes socialistas: José María Fraile, de Parla, y Antonio Sánchez, de Serranillos del Valle. Todos han pactado con la Fiscalía la confesión de su implicación en el amaño de contratos públicos a cambio de una notable rebaja de penas.

Una macrocausa por corrupción

El juicio ha arrancado esta semana en la Audiencia Nacional con la exposición de las cuestiones previas. Los acusados se enfrentan a penas que llegan hasta los 20 años de prisión, según la calificación inicial de la Fiscalía. La trama habría operado entre 2012 y 2014, amañando contratos millonarios en varios ayuntamientos a favor de Cofely, empresa de servicios energéticos, a cambio de comisiones ilegales.

Las defensas de los trece acusados que han alcanzado un pacto han solicitado que se les apliquen las atenuantes de confesión, colaboración con la justicia, reparación del daño y también dilaciones indebidas, por la prolongación del proceso judicial a lo largo de más de una década.

Uno de los casos más significativos es el del exalcalde de Parla, José María Fraile, quien, según su abogado, ha ingresado ya cerca de 500.000 euros para hacer frente a su responsabilidad civil. Un gesto con el que busca atenuar su condena.

La Fiscalía decidirá al final

La fiscal del caso ha explicado que será al término del juicio cuando concrete su solicitud definitiva de penas para cada uno de los acusados. Lo hará en función del grado de cooperación que demuestren durante sus declaraciones en sala.

Además, se ha sabido que otros tres acusados mantienen aún conversaciones con la Fiscalía para intentar sumarse al pacto. Entre ellos figuran Gonzalo Cubas, exalcalde de Torrejón de Velasco, y Carlos Alberto Estrada, de Moraleja de Enmedio, ambos del Partido Popular.

Cinco exalcaldes del PP se niegan a confesar

Otros cinco exregidores del PP han optado por no reconocer los delitos que se les atribuyen. Son José Carlos Boza (Valdemoro), Agustín Juárez (Collado-Villalba), Daniel Ortiz Espejo (Móstoles), Mario Utrilla (Sevilla la Nueva) y José García Lobato (Almendralejo). Todos ellos niegan haber participado en el amaño de contratos.

El letrado del exalcalde de Valdemoro ha llegado a denunciar que los acuerdos alcanzados con la Fiscalía se han producido de forma opaca y sin conocimiento del resto de las defensas, lo que, según afirma, vulnera el derecho a la defensa.

La figura de David Marjaliza

Entre los acusados que han reconocido su implicación destaca también el nombre de David Marjaliza, empresario y viejo conocido del caso. Marjaliza, considerado uno de los grandes "conseguidores" de contratos públicos, fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el gobierno del PP y figura central de la trama.

En esta pieza se juzgan los contratos adjudicados a Cofely tras supuestos acuerdos previos con alcaldes, técnicos y cargos públicos. Marjaliza habría actuado como intermediario clave, facilitando la concesión amañada de licitaciones a cambio de mordidas y favores.

Contratos millonarios bajo sospecha

El alcance económico del caso es abrumador. Cofely habría conseguido contratos en al menos ocho ayuntamientos, con un valor total que supera los 224 millones de euros:

• Torrejón de Velasco: 4.111.395 €

• Moraleja de Enmedio: 2.861.975 €

• Parla: 54.659.019 €

• Alcalá de Henares: 11.847.479 €

• Valdemoro: 50.280.748 €

• Collado-Villalba: 35.467.135 €

• Móstoles: 60.449.119 €

• Serranillos del Valle: 4.205.589 €

También tres exdirectivos de Cofely han llegado a acuerdos con la Fiscalía, aceptando los hechos y esperando beneficios penales en la sentencia.

Una pieza más del rompecabezas

Esta es solo una de las muchas piezas del caso Púnica, una de las tramas de corrupción más amplias que han salpicado a la política municipal en España. La instrucción judicial se ha dividido en numerosas causas independientes, algunas aún en fase de investigación.

La vista oral que ahora comienza servirá para esclarecer no solo la mecánica de la corrupción, sino también el grado de implicación de cada acusado. El resultado de este juicio podría marcar un precedente importante en la resolución del resto de piezas del caso.