El fiscal García Berro evita otra condena a ETA al no presentar la prueba clave contra Iratxe Sorzábal
La Audiencia Nacional ha absuelto a la exdirigente de ETA Iratxe Sorzábal, al no haberse presentado en el juicio una prueba clave que la vinculaba con el atentado cometido por la banda en el aeropuerto de Alicante en 1995. El tribunal ha responsabilizado directamente al fiscal Carlos García Berro, a quien señala por no aportar informes fundamentales ni llamar a declarar a los peritos policiales.
La Asociación Dignidad y Justicia califica la actuación del fiscal como una “dejación grave de funciones” y alerta del uso político de la Fiscalía en causas relacionadas con el entorno de ETA.
La sentencia de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha sido clara: la inacción del Ministerio Fiscal ha generado un vacío probatorio que ha impedido la condena. En concreto, no se presentó en el juicio un informe caligráfico que acreditaba la llamada “kantada” de Sorzábal, reconocida en sede policial. Tampoco se propuso como prueba a los agentes que redactaron otro informe clave sobre el comando terrorista autor del atentado.
“Tal omisión impide considerar esos documentos como pruebas de cargo válidas”, concluye el tribunal.
Un patrón que se repite en la causa Miguel Ángel Blanco
García Berro ya fue criticado por sus compañeros de la Junta de Fiscales del Supremo por defender el archivo de la causa contra Iñaki de Rentería y Mikel Antza, presuntos autores intelectuales del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Trece de los dieciséis miembros de la Junta reprocharon que el fiscal ni siquiera hubiese revisado las actuaciones y desatendiera las interrupciones de la prescripción.
Este tipo de decisiones judiciales han encendido las alarmas entre las asociaciones de víctimas, que ven cómo se diluye la posibilidad de justicia por crímenes de terrorismo no prescritos.
Confianza entre fiscales afines a la cúpula
Carlos García Berro es considerado el fiscal de confianza de Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Ambos fueron dirigentes de la Unión Progresista de Fiscales y actualmente comparten responsabilidades en las causas más delicadas vinculadas al entorno de ETA: concesión de terceros grados, libertades condicionales e investigaciones a la llamada comisión de presos de Sortu.
En esta última causa, el fiscal evitó que se indagara en la posible implicación de políticos nacionalistas e independentistas vascos, según han denunciado fuentes jurídicas.
Dignidad y Justicia: “Una Fiscalía al servicio del poder político”
La Asociación Dignidad y Justicia ha lanzado un comunicado en el que denuncia que las actuaciones de García Berro y del Fiscal General priorizan la jerarquía interna sobre el principio de legalidad. Afirman que la carrera fiscal ha quedado instrumentalizada por intereses políticos, en perjuicio de las víctimas del terrorismo que han depositado su confianza en el Estado de derecho.
“La impunidad con la que se está blindando a los responsables históricos de ETA responde a pactos políticos que nada tienen que ver con la justicia”, concluyen desde la asociación.
