Declaran los promotores de los conciertos por la causa contra Real Madrid Estadio S.L. y el Ayuntamiento de Madrid

Este viernes 28 de marzo comparecerán ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid diversas empresas promotoras citadas como testigos en la causa Diligencias Previas 2034/2024, que se sigue a raíz de la querella interpuesta por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra el Ayuntamiento de Madrid y la mercantil Real Madrid Estadio S.L.

El procedimiento, que se encuentra en fase de instrucción penal, investiga posibles responsabilidades penales con la consiguiente responsabilidad civil, derivadas de la gestión de eventos y obras en el estadio Santiago Bernabéu, presuntamente sin las licencias adecuadas y en perjuicio de los residentes de la zona.

La querella de la Asociación Vecinal

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, presidida por Enrique Martínez de Azagra, denunció el grave impacto acústico y urbanístico que generan las actividades del estadio sobre los vecinos. Según la asociación, el Ayuntamiento de Madrid ha permitido la celebración de eventos sin contar con las licencias pertinentes ni aplicar medidas suficientes para minimizar las molestias a los residentes. Esto, sostienen, supone una vulneración de la normativa municipal y de las leyes de urbanismo y medio ambiente, lo que motivó la presentación de la querella.

La querella plantea si el Ayuntamiento de Madrid y la sociedad Real Madrid Estadio S.L. han incurrido en irregularidades que podrían derivar en responsabilidades penales, así como en la posible existencia de trato de favor en la concesión de permisos administrativos.

Real Madrid Estadio S.L., una sociedad sin declaración de unipersonalidad

Otro de los aspectos más llamativos del caso es la estructura jurídica de Real Madrid Estadio S.L., la sociedad creada para gestionar las operaciones vinculadas al estadio.

En lugar de constituir la sociedad ex novo, el Real Madrid optó por comprar una empresa ya creada en un centro de venta de sociedades. Sin embargo, a pesar de que su capital social de 3.000 euros pertenece en su totalidad al Real Madrid Club de Fútbol, la empresa no ha declarado su unipersonalidad, algo obligatorio por ley.

Expertos en derecho mercantil consultados por este medio señalan que la falta de declaración de unipersonalidad puede tener implicaciones fiscales y jurídicas, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad del club sobre la gestión de la sociedad.

Paralelismo con Aparcamientos Santiago Bernabéu S.L.

Además, se ha conocido que Real Madrid Estadio S.L. no es la única sociedad del club con esta estructura. Aparcamientos Santiago Bernabéu S.L., cuya gestión está vinculada a los estacionamientos del estadio, también fue adquirida ya constituida, tiene un único propietario (el Real Madrid Club de Fútbol) y tampoco ha declarado su unipersonalidad.

Ambas sociedades comparten el mismo administrador único, José Ángel Sánchez, lo que refuerza la idea de que estas estructuras jurídicas fueron creadas bajo un mismo criterio de gestión y operatividad. Este modelo societario genera dudas sobre la transparencia y la correcta delimitación de responsabilidades en la gestión de los espacios vinculados al estadio.

El Ayuntamiento de Madrid, en el punto de mira

El papel del Ayuntamiento en este proceso es otro de los focos de atención. Fuentes del Grupo Municipal Socialista han manifestado a este diario su preocupación por la actuación del consistorio en relación con la gestión del Bernabéu:

"El Grupo Municipal Socialista siempre hemos mantenido una línea muy clara: que se cumpla la ley. Da igual que se llame Florentino Pérez o Benita González, el Ayuntamiento tiene que aplicar la normativa vigente y garantizar la seguridad jurídica en esta ciudad."

Los socialistas recuerdan que la Justicia ya dio la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, anulando la concesión de los aparcamientos del Paseo de la Castellana-Bernabéu y de la calle Padre Damián por infracciones contra la Ley de Contratos del Sector Público.

"La Justicia ya anuló el 'pelotazo' de los aparcamientos porque el consistorio de Almeida cometió varias infracciones. Confiamos en la Justicia y en que se conozca la verdad en este tema." Según estas fuentes, si se confirma que el Ayuntamiento ha permitido ciertas actividades en una instalación sin las debidas licencias en vigor, se estaría ante un delito muy grave.

En septiembre de 2024, la Asociación Vecinal amplió su querella para incluir al alcalde José Luis Martínez-Almeida y al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por presunta prevaricación medioambiental. Los acusan de autorizar conciertos a pesar de las reiteradas denuncias vecinales. Desde el Ayuntamiento, Carabante defendió que se estaban tomando medidas para conciliar la actividad del estadio con el descanso vecinal y subrayó la relevancia del Bernabéu como motor cultural y turístico de la ciudad.

Además, el área de Medio Ambiente aseguró que "el Ayuntamiento de Madrid ha sido diligente en todo momento respecto al cumplimiento de la normativa y el requerimiento al Real Madrid para que tome todas las medidas correctoras necesarias que permitan minimizar las molestias ocasionadas por los conciertos".

Las empresas promotoras, citadas a declarar

Este viernes, las empresas promotoras citadas como testigos comparecerán ante el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid. Su testimonio podría resultar clave para esclarecer las condiciones en las que se han gestionado las licencias y permisos urbanísticos relacionados con la actividad del estadio. En concreto, se investigará si existieron irregularidades en la contratación o en la obtención de permisos y si hubo algún trato de favor en la concesión de licencias, lo que podría arrojar nueva luz sobre las licencias urbanísticas y las responsabilidades en este caso. 

La instrucción penal avanza en la investigación de posibles responsabilidades penales y civiles derivadas de la gestión de los eventos del estadio Santiago Bernabéu, mientras el Grupo Municipal Socialista insiste en la necesidad de que se garantice el cumplimiento de la ley sin excepciones. Sin duda, la resolución podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las grandes infraestructuras en la gestión de su impacto en el entorno urbano.