domingo, noviembre 24, 2024
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El sobrino de Felipe González, imputado por malversación

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El juez que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria ha imputado a Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González, después de que el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional concluyera en un informe que «debe considerarse como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva» en esta empresa pública de la Junta.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha atendido la petición realizada al respecto por la Fiscalía Anticorrupción y ha citado a declarar como imputado por un delito de malversación de caudales públicos el próximo día 20 de octubre a este sobrino de Felipe González, a quien, según la Policía, Invercaria habría condonado además un préstamo de 26.500 euros.

El magistrado también ha citado a declarar ese mismo día como imputados por un delito de malversación de caudales públicos en concurso con delitos de prevaricación y falsedad a otros tres antiguos cargos de Invercaria, como son el expresidente Tomás Pérez Sauquillo, el exdirector de Promoción Cristóbal Cantos y el exdirector financiero Antonio Nieto.

El juez, asimismo, ha acordado formar pieza separada que se denominará 'Área de personal Invercaria' –la sexta tras la que abrió con la causa principal y las relacionadas con Juana Martín, Fumapa, Operadores Aéreos Andaluz y Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA)–, y ha requerido a Invercaria para que aporte el expediente de personal completo de Cantos, el sobrino de Felipe González, y Jamie Linz Menzmer, «debiendo incluir recibos, nóminas y finiquitos debidamente firmados y justificantes de su pago, así como toda la documentación relativa a los préstamos concedidos».

También reclama a la empresa pública de inversión en capital riesgo de la Junta la «hoja de liquidación de dietas y gastos de viajes y representación» de las tres personas reseñadas.

En relación a Jamie Linz, la Fiscalía hacía mención en el escrito donde solicitaba la imputación del sobrino de Felipe González y otros tres exaltos cargos de Invercaria a un correo electrónico remitido el 9 de mayo de 2007 por Juan María González a Antonio Nieto con el asunto 'Carta de evaluación' y en el que se recoge: «Jamie Linz Menzmer, contratada por la empresa Invercaria como secretaria de dirección para Juan María González Mejías, director del Observatorio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa».

El Ministerio Público pidió imputar a estas cuatro personas en base al informe en el que la Policía Nacional concluyó que Cristóbal Cantos y Juan María González «firmaron un contrato como director de Promoción» de Invercaria, «coincidiendo ambos con el mismo contrato desde el 1 de noviembre de 2005 hasta el 10 de octubre de 2007», por lo que «necesariamente debe considerarse a González Mejías como un trabajador fantasma o intruso, es decir, que constando formalmente como trabajador dado de alta en la Seguridad Social, en realidad no presta servicio de forma efectiva en la empresa».

Préstamos personales

Asimismo, la Policía señala que Invercaria concedió tanto a Cantos como a Juan María González «préstamos personales por importes superiores a lo establecido en el convenio que regula las relaciones laborales» en la agencia IDEA, que era de 15.000 euros, añadiendo que con motivo de la relación laboral de ambos, Invercaria «condona los préstamos otorgados, incluyendo en la última nómina, antes de la extinción de la relación laboral, cuantías o conceptos desproporcionados y coincidentes con las deudas pendientes».

En el caso del sobrino de Felipe González, la Policía relata que en 2005 firmó su contrato como director de Promoción por el que le correspondían 61.000 euros anuales, tras lo que el 10 de octubre de 2007 envió un correo electrónico dirigido a Pérez-Sauquillo y al director financiero, Antonio Garrido, «en el que comunica su intención de causar baja en la empresa, y en la que el tono de cordialidad con los anteriores se expresa en la frase 'os agradezco los momentos y lecciones que me habéis brindado'».

Tras ello, el finiquito que se le pagó y la nómina de octubre ascendió a 26.540,08 euros, destacando asimismo la cancelación de un préstamo personal por importe de 26.500 euros, todo lo cual lleva a la Policía a concluir que «el importe abonado por Invercaria en concepto de horas extras y finiquito sin ningún soporte documental de ambos conceptos es realmente para la condonación» del préstamo «otorgado con dinero público procedente de Invercaria».

En la declaración que prestó como testigo el 22 de enero de 2013 en el marco de la causa, según recoge la Policía, el sobrino del expresidente del Gobierno aseguró que «su relación con Invercaria comienza con su contratación como ejecutivo en marzo de 2010», con lo cual estaría «omitiendo su relación anterior» con esta empresa pública de la Junta.

Además, «es especialmente llamativo que su contrato como director de Promoción es de fecha 1 de julio de 2005 y el de Cristóbal Cantos, por el mismo cargo, es de 1 de noviembre de 2005», por lo que «uno de ellos es falso, o bien ambos compartieron el cargo», señalan los investigadores en el informe elevado al juez Juan Gutiérrez Casillas, que investiga las inversiones de Invercaria en unas 30 empresas.

Indemnizaciones por despido 

Asimismo, y pasando a Cristóbal Cantos, que en 2005 percibía una retribución total de 52.000 euros como responsable de Promoción, la Policía asevera que Invercaria le concedió un préstamo de 17.962,53 euros, superior a lo establecido, señalando que «el abono de un complemento de destino» en la última nómina, «desconocido en otras nóminas, permite deducir que este importe abonado por Invercaria, en concepto de complemento de destino –que ascendía a 12.960 euros–, es realmente para la condonación de dicho préstamo, otorgado con dinero público procedente de Invercaria».

En el informe, la Policía también dice que las indemnizaciones por despido recibidas por Tomás Pérez-Sauquillo y Óscar Fernández «se aumentan considerablemente en el mismo día en que se comunica a los interesados, presentando la apariencia de estar pactado previamente».

El pasado sábado, el sobrino de Felipe González hizo público un comunicado en el que defiende que «jamás» durante su carrera profesional ha percibido retribuciones sin haber desempeñado su labor profesional, «como puede darse a entender al utilizar los conceptos 'trabajador fantasma' o 'intruso'».

En este sentido, explicó que durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2005 y el 10 de octubre de 2007 tuvo contrato laboral indefinido con la sociedad Invercaria con la categoría profesional de Director de Promoción, si bien, durante ese periodo prestó sus servicios en el 'Observatorio de Empresas', ambos pertenecientes a la misma Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, «algo perfectamente legal y de conocimiento público, tanto por haber aparecido en distintos medios de comunicación como por las relaciones que mantuve con multitud de empresas e instituciones, en el ejercicio normal de mis funciones».

De la misma manera, y en lo relativo a la existencia de dos directores de Promoción, incidió en que el informe de la Policía Nacional «entiende que esta Dirección es un cargo directivo cuando a lo que se refiere al hacer referencia a director de Promoción es a una categoría profesional utilizada al objeto de criterios retributivos».

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