El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica, una normativa que busca modernizar el marco regulatorio vigente desde 1992, adaptándolo a los desafíos y necesidades del sector en la actualidad. En este sentido, el texto, que inicia ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, introduce medidas orientadas a fortalecer la producción nacional, modernizar las empresas y garantizar una mayor independencia estratégica.
Protección contra la deslocalización empresarial
Para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de España tras haber recibido ayudas públicas, la normativa establece que aquellas compañías que hayan percibido subvenciones superiores a tres millones de euros deberán devolverlas si, en los años posteriores, reducen su producción en más de un 65% o recortan al menos 500 puestos de trabajo. Se trata de un compromiso de permanencia que variará según el tamaño de la empresa, con cinco años para las grandes compañías, tres años para las medianas y dos años para las más pequeñas.
En este sentido, la nueva normativa específica que cualquier empresa que contemple la deslocalización deberá preavisar al Gobierno con nueve meses de antelación. Un periodo de tiempo en el que se convocará una mesa de reindustrialización con la participación del Ejecutivo, los sindicatos y las administraciones autonómicas para explorar alternativas que preserven la actividad productiva.
De modo que, esta medida, fruto del consenso alcanzado entre PSOE y Sumar, subraya la voluntad del Gobierno de proteger el empleo y evitar la fuga de inversiones industriales, reforzando la capacidad de intervención estatal.
A este respecto, el ministro de Industria, Jordi Hereu, sostuvo que la nueva ley supone un “cambio de paradigma” respecto al modelo anterior, que pretende evitar y “proponer alternativas” a los procesos de deslocalización. “Cuando hay una ayuda pública, se tiene que afianzar unos años la ayuda en España”, enfatizó el ministro durante la rueda de prensa.
Impulso a la autonomía estratégica
El texto también contempla medidas destinadas a la protección de sectores estratégicos, como la creación de la Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), diseñada para garantizar una respuesta ágil en situaciones de crisis mediante la identificación de empresas capaces de suministrar productos esenciales.
Asimismo, la ley institucionaliza los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de los fondos europeos Next Generation, cuyo marco actual expira en 2026, asegurando la continuidad de proyectos industriales clave a largo plazo y consolidando un entorno favorable para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Sostenibilidad y transformación digital
Por otra parte, la nueva normativa promueve la transición hacia una industria sostenible y digitalizada para aumentar la competitividad en el sector. En sentido, el nuevo marco regulatorio tiene como objetivo alcanzar emisiones netas de carbono cero para 2050, mediante el establecimiento de medidas que faciliten la transición energética de las empresas y promuevan la descarbonización, siempre que dispongan de un plan de eficiencia a largo plazo.
Una gobernanza más sólida
La nueva ley refuerza, también, los instrumentos de gobernanza industrial mediante la creación de la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica que cuenta con una vigencia de seis años para el desarrollo de planes estatales trienales que definirán las prioridades en materia de competitividad, digitalización y formación. Una estrategia que viene acompañada de la creación de nuevos órganos consultivos, como el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) y el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, destinados a coordinar las acciones contempladas.
Régimen sancionador y control de infracciones
Por último, en el apartado sancionador, la ley fija multas de hasta 100 millones de euros para infracciones muy graves, mientras que las infracciones graves pueden alcanzar los seis millones de euros y las leves, hasta 60.000 euros. Todo ello, con plazos de prescripción de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y uno para las leves.
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