El empresario Antonio Rodríguez Estepa no sólo fue un testigo clave en las diversas macrooperaciones contra el fraude en el sector de los hidrocarburos, sino que su implicación en dicho sector y su relación con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han destapado una estrategia que va más allá de la mera investigación criminal.
Su papel como confidente y administrador en la sombra de empresas como Gold Petroleum, Gaslow o Axoil plantea serias dudas sobre si los delitos investigados fueron verdaderamente descubiertos o si, por el contrario, fueron provocados por la propia permisividad de las fuerzas del orden.
El caso Gaslow-Axoil es el último de una serie de operaciones que han puesto en el punto de mira a las redes de distribución ilegal de carburantes en España. Sin embargo, las pruebas indican que estas tramas estaban bajo seguimiento desde hace más de una década, sin que se interviniera a tiempo.
Este patrón levanta sospechas sobre la existencia de un delito provocado: una figura que ocurre cuando las autoridades facilitan o inducen a la comisión de delitos con el fin de justificarlos después.
La doble vida de Rodríguez Estepa: administrador en la sombra y confidente
Desde hace años, Rodríguez Estepa ha sido una figura recurrente en el sector energético. Aunque no figuraba como administrador legal de empresas clave en la trama Gaslow-Axoil, su influencia en las decisiones estratégicas era innegable. Desde 2014, su presencia en Gold Petroleum, una empresa con múltiples vínculos en el mercado de hidrocarburos, ya mostraba signos de connivencia con estructuras delictivas que operaban con el conocimiento de las autoridades.
No obstante, la particularidad del caso radica en que Rodríguez Estepa no sólo participaba en estos negocios, sino que además actuaba como confidente de la UCO. Fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso ESTRELLA DIGITAL aseguran que su colaboración con las autoridades permitió que el fraude siguiera creciendo hasta alcanzar dimensiones que justificaran la intervención policial.
La duda que flota en el ambiente es evidente: ¿se trataba realmente de una infiltración para desmantelar estas redes o, más bien, de una estrategia para permitir su expansión bajo control policial?
Macrooperaciones tardías y la sombra del delito provocado
Las macrooperaciones en el sector de los hidrocarburos se han sucedido en los últimos años con gran despliegue mediático. Sin embargo, las investigaciones han demostrado que los delitos que justificaron estas redadas no surgieron espontáneamente, sino que se gestaron durante años con pleno conocimiento de la UCO.
El caso Gaslow-Axoil no es una excepción. La permisividad mostrada por las autoridades desde 2014 permitió que la red siguiera operando con tranquilidad; hasta que las circunstancias favorecieron su desarticulación. En otras palabras, se permitió que los delitos ocurrieran para que después se pudiera actuar contra ellos.
Este modus operandi ha generado un debate en círculos jurídicos y policiales: ¿hasta qué punto es legítimo que las fuerzas del orden permitan o incluso fomenten la comisión de delitos con el fin de justificar detenciones y operaciones de gran impacto?
La respuesta no es sencilla. Si bien las investigaciones encubiertas son una herramienta fundamental para desmantelar redes criminales, el problema surge cuando los agentes que las dirigen obtienen beneficios personales o políticos de ellas.
Los beneficios de los agentes de la UCO y la puerta giratoria al sector público
Uno de los aspectos más turbios de esta historia es el destino de ciertos agentes de la UCO que participaron en estas investigaciones. Algunas fuentes señalan a este medio que varios de ellos, tras años de seguir de cerca el fraude en hidrocarburos, han pasado a ocupar cargos en departamentos de Seguridad dentro del sector público.
Este fenómeno plantea serias preguntas sobre la independencia de las investigaciones; y sobre si ciertos funcionarios utilizaron su conocimiento para beneficiarse de las tramas que supuestamente estaban combatiendo.
En el caso concreto de Rodríguez Estepa, su relación con estos agentes y su papel en las empresas bajo investigación sugieren que la permisividad policial no fue casual. Más bien, parece responder a una estrategia en la que algunos miembros de la UCO permitieron el crecimiento de estas redes para asegurar su propia transición a puestos estratégicos fuera del cuerpo.
Un modelo de actuación que compromete la credibilidad de las investigaciones
El patrón que se observa en este caso no es aislado. A lo largo de los últimos años, las grandes operaciones contra el fraude en hidrocarburos han seguido un esquema similar:
- Se detecta una red fraudulenta, pero en lugar de desmantelarla de inmediato, se permite su expansión bajo vigilancia.
- Se infiltran colaboradores y confidentes; muchos de los cuales participan activamente en los negocios ilegales.
- Se esperan las circunstancias adecuadas para justificar una intervención policial de gran impacto.
- Algunos de los agentes que dirigieron la investigación terminan ocupando puestos clave en empresas de seguridad del sector público o privado.
Este modelo de actuación plantea serios interrogantes sobre la legitimidad de las operaciones policiales y la independencia de las fuerzas del orden.
Las revelaciones sobre el papel de Antonio Rodríguez Estepa y la permisividad de la UCO con la trama Gaslow-Axoil obligan a replantear hasta qué punto el Estado está combatiendo el crimen o, por el contrario, lo está gestionando en su propio beneficio. Fuentes cercanas a ESTRELLA DIGITAL ponen un papel determinante en la actualidad en la compañía Hatta Energy con ventas de más de 300.000 metros cúbicos mensuales.
Mientras tanto, las investigaciones continúan y el foco sigue puesto en quienes permitieron que estos delitos ocurrieran durante tanto tiempo.