Martín Marín obtuvo la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba
asegura que Pedro Antonio Martín Marín, ex secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes durante los gobiernos de José María Aznar, logró la recalificación de un terreno de 11,9 hectáreas de suelo protegido, de las que él poseía una parte. Martín Marín logró su recalificación a pesar de que la zona contaba con la prohibición de edificar de la Fiscalía por ser una zona de especial protección ecológica.
Martín Marín supuestamente intentó que entre 1995 y 1996 Pedro Ortiz, en aquel momento director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, recalificara los terrenos pero el arquitecto se negó como aseguró el pasado jueves en la cadena SER porque "era ilegal".
Con el apoyo del PSOE y en contra de IU y Ecologistas en Acción, el PP intentó en varias ocasiones la recalificación de los terrenos y finalmente en el 2001, con el Gobierno socialista, lo logró con el silencio de la Comunidad de Madrid sobre el asunto que dio el visto bueno al Plan General de Ordenación Urbana. Actualmente en los terrenos hay algunas viviendas construidas y otras en fase de construcción.
Por otro lado, El País asegura que Enrique Sánchez González, presidente de Segurisa, logró dos contratos de la Comunidad de Madrid para el Canal de Isabel II y Metro por un valor de 59,3 millones de euros. Sánchez González supuestamente regaló el viaje a Johannesburgo a Ignacio González por la supuesta concesión de los contratos millonarios. Sudáfrica fue uno de los dos viajes, junto al de Colombia, que aparecen recogidos en un informe parapolicial donde fue espiado Ignacio González.
El contrato para el Canal de Isabel II era para dos años, prorrogable a otros cuatro, y actualmente Segurisa sigue siendo la empresa encargada de la seguridad allí. El otro contrato, el de Metro era para cubrir la seguridad durante los años 2005 y 2006 en parte de la red, sin embargo fue rescindido a los nueve meses por incumplimiento de trabajo debido a que Segurisa dejó sin cubrir el 50% de los servicios, según El País.
