Militantes del PP denunciaron en 2007 la trama de corrupción a la Policía y la Fiscalía Anticorrupción

El entonces tesorero del Partido Popular, Álvaro Lapuerta hizo romper las relaciones de todo el PP a nivel con su principal proveedor electoral, Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta desarticulada el pasado viernes, según publica el diaro de Prisa.

En junio de 2004, Lapuerta, avalado por Mariano Rajoy, rompía con Correa ya que estaba exigiendo la adjudicación de contratos de sus empresas a alcaldes madrileños populares, según confirman altos cargos del partido. Ésta es la afirmación en la que se basa la investigación de Garzón al desarticular la presunta trama corrupta que dirigía Correa: quien captaba contratos públicos mediante tráfico de influencias en municipios del PP.

Parece ser que la información inicial sobre la trama fue ofrecida por cargos del PP, que en noviembre de 2007 aportaron a la policía y a la Fiscalía Anticorrupción su denuncia y pruebas sobre los manejos de esta red. La investigación se ha alargado durante más de un año y acumula abundantes grabaciones. El material aporta información sobre Correa, pero también datos comprometedores de otras personas.

Correa le llevó 1.000 millones a Bárcenas

En diciembre de 2007, Francisco Correa afirmó en una conversación sobre Bárcenas que "le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa". Aunque Correa no aportó ninguna prueba de tal acusación.

Por su parte, Bárcenas se defiende y tacha la declaración de "absolutamente falsa y calumniosa".

Mientras, sus colaboradores explican cuál puede ser la razón de las acusaciones: Bárcenas formaba parte del equipo de Lapuerta que forzó que se le cortara el grifo de contrataciones a Correa para las campañas del PP en junio de 2004. Tras conocer la denuncia de que presionaba a alcaldes madrileños para exigir contratos en nombre de la tesorería nacional del partido, Lapuerta organizó en Génova 13 una reunión. Todos confirmaron la información recibida en la dirección del partido. A partir de ese momento, Correa fue declarado persona no grata y sus empresas dejaron de prestar servicios electorales al PP nacional.

Como Bárcenas era el gerente, ha tenido una "relación fluida" con Correa durante los más de doce años que éste monopolizó la prestación de servicios al PP.

Pero las conversaciones grabadas avalan la versión del entorno de Bárcenas, ya que en ellas Correa denigra con frecuencia a cargos del partido susceptibles de haber chocado con sus intereses.

Informaciones comprometedoras sobre miembros del PP

Así, se jacta de poseer informaciones comprometedoras, que niegan los afectados, sobre el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, o el ex regidor de Majadahonda Guillermo Ortega.

Estos dos municipios ha tenido contratos y donde debería haber dejado de captarlos desde 2004, tras el veto del PP nacional, año en que Correa se convirtió en un apestado para el equipo de Rajoy. Hasta el punto de que cuando el PP iba a celebrar su congreso en Valencia, en junio de 2008, donde se debatía el liderazgo por el partido entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, el equipo de Lapuerta y Bárcenas fueron tajantes: Correa no podía organizar el acto. Y no le permitieron ni concursar, con el pleno respaldo de Ángel Acebes, secretario general.

A partir de ahí, las empresas de Correa siguieron funcionando gracias a contratos en Administraciones donde aún les quedaban contactos de su etapa de esplendor, bajo el paraguas aznarista en el partido y en el Gobierno: en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Galicia. En sus conversaciones grabadas, Correa también arremetió contra Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y persona que apoyó decididamente su defenestración, según altos cargos de ese partido. En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia".

El entonces consejero de Territorio en la Comunidad Valenciana, González Pons nunca desbloqueó tal plan, según personas de su entorno. Incluso, según recuerdan sus colaboradores, el proyecto fue sometido al dictamen favorable de la Confederación del Júcar, que dependía del Gobierno de Zapatero. Nunca tuvo luz verde, por lo que nunca salió adelante, afirman colaboradores de González Pons. "El proyecto era y es inviable", aseguran.

Cabe destacar que mientras Correa ya no era bien recibido en la sede central del PP, continuó contratado por Gobiernos autónomos de ese partido, según demuestran las grabaciones realizadas por orden del juez. En una grabación hecha en noviembre de 2006, dijo lo siguiente: "Estoy haciendo la campaña a Paco Camps (...) Le hacemos todo". Y añadió su convicción de que le iban a adjudicar más contratos, como Fitur.

Los contratos de Correa en la Comunidad Valenciana y madrileña

Felisa Jordán, miembro de la trama, se quejó de que Orange Market, empresa que controlaba para Correa, le estaba dando problemas: "La deuda de Orange Market de Valencia es del grupo. He hecho trabajo real para la Comunidad de Valencia que no he cobrado, Master Open, Fitur y que no le he facturado. Incluso hemos adelantado las nóminas. Los 300.000 euros de la deuda con Orange son cosas que hemos facturado pero que yo no les he hecho, las hizo Orange, pero las facturé yo".

En febrero de 2006, Felisa Jordán habló de una demanda que interpuso el ex secretario general del PP gallego Pablo Crespo, como miembro de la trama, contra la Comunidad de Madrid por falta de pago a la empresa Formación Comunicación y Servicios, una firma de la red. Entonces Jordán le pidió que la retirara para que no le quitaran a ella sus negocios con la Comunidad de Madrid.

En noviembre de 2007 Correa ya sabe que algunos miembros del PP amenazan con denunciarle a Hacienda. De hecho, según conversaciones grabadas, la consejera de Empelo y Mujer del Gobierno de Esperanza Aguirre, Paloma Adrados, había elaborado una "carta" en la que había participado "todo el PP".

Hoy pasarán a disposición judicial Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez. La esposa del primero, María del Carmen Rodríguez Quijano, y Felisa Jordán, fueron puestas en libertad con cargos el sábado. Presumiblemente, serán citados a continuación una treintena de personajes vinculados a sus negocios de Correa que aparecen en las grabaciones.

Cabe destacar que el sábado fue registrado en Madrid un despacho contiguo al de Alejandro Agag, yerno de Aznar. El de Agag no fue inspeccionado.

Los policías se centraron en un ex compañero de negocios suyo que aparece en las grabaciones presumariales.