En el marco de esta operación, denominada Jordan, los agentes han detenido en Madrid a ocho jóvenes, de los que dos han ingresado en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.
No obstante, la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta a cargo del Servicio de Criminalidad Informática de la Fiscalía Provincial de Granada.
En los tres registros realizados en Madrid, la Policía ha bloqueado más de 170.000 euros en criptomonedas y se han incautado cuatro vehículos deportivos de alta gama valorados en más de 450.000 euros, unos 50 dispositivos informáticos, 70.000 euros en metálico y unas 400 tarjetas de débito y crédito de tipo monedero.
Según la investigación, los jóvenes hackers accedían de forma irregular en servidores de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Granada o una consejería de la Comunidad de Madrid, donde cambiaban la domiciliación de las nóminas más cuantiosas a dos cuentas abiertas con documentación falsificada.
La investigación se inició a primeros de diciembre del pasado año tras una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Granada, que detectó que cuatro nóminas de funcionarios públicos habían sido manipuladas y el dinero había sido transferido a cuentas ajenas tras el hackeo del servidor.
A finales del mismo mes, los investigadores detectaron el ingreso de una quinta nómina en una de las cuentas bancarias vinculadas a la presunta organización criminal de hackers.
Al mismo tiempo, una consejería de la Comunidad de Madrid denunció la existencia de un incidente de seguridad en su sistema informático de características similares al ocurrido en Granada.
Los agentes comprobaron que los miembros de esta banda de hackers se valían de amplios conocimientos sobre el funcionamiento de los sistemas informáticos, que adquirieron de forma autodidacta desde edades muy tempranas.
El método que utilizaban en estos hechos era el de introducirse en los programas destinados a la gestión de nóminas para alterar su normal funcionamiento y así cambiar la domiciliación bancaria.
De esta forma, se hicieron con el dinero de cinco nóminas pertenecientes a dichas instituciones, que después transfirieron a dos cuentas de dos bancos diferentes, ambas abiertas con documentación falsificada.
En estas cuentas se detectaron otros abonos de cuantías relevantes, presuntamente correspondientes a otros fraudes informáticos.
El capital defraudado, unos 53.000 euros, se había desviado hacia una plataforma de criptomonedas, dificultando la tarea de los investigadores.
El desarrollo de la operación culminó con tres registros domiciliarios en Madrid, uno de ellos en la vivienda del principal investigado. EFE
A.M.