Madrid urge al Gobierno a ejercer sus competencias en extranjería

La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno de España a cumplir con sus competencias en materia de extranjería, solicitando la reagrupación familiar de menores inmigrantes no acompañados que presenten graves dificultades de adaptación. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
Según ha explicado el consejero, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya ha comenzado a enviar a la Delegación del Gobierno en Madrid los primeros expedientes de menores con este perfil, conforme a lo establecido por la legislación vigente. Esta medida busca, ha señalado, “salvaguardar su protección y garantizar el interés superior del menor”.
Hasta el momento, la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia ha remitido cuatro expedientes a la Delegación del Gobierno correspondientes a menores tutelados por la Comunidad de Madrid que podrían beneficiarse de esta medida. El órgano colegiado seguirá estudiando aquellos casos que reflejen una imposibilidad real de integración en el entorno actual.
En este contexto, también se han comenzado a revisar los casos de los menores implicados en los recientes incidentes en el centro de La Cantueña, con el objetivo de evaluar si sus circunstancias personales recomiendan su reagrupación familiar en el país de origen.
El Ejecutivo madrileño defiende que esta iniciativa no solo busca proteger a los menores más vulnerables frente a riesgos como el tráfico de personas o el consumo de drogas, sino también preservar el bienestar de la mayoría de jóvenes que sí están comprometidos con su integración y su desarrollo educativo.
García Martín ha insistido en que cada caso se valora de forma individual por profesionales especializados, quienes determinan si el retorno al entorno familiar es la mejor opción para el menor. Esta actuación se enmarca en lo dispuesto en el Real Decreto 557/2011 y el más reciente Real Decreto 1155/2024, aprobado el año pasado por el Gobierno central y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo.
Competencias “irrenunciables” del Estado
Desde la Comunidad de Madrid se recuerda que es responsabilidad del Gobierno central, como han señalado sentencias recientes del Tribunal Constitucional, solicitar a las representaciones diplomáticas de los países de origen los informes necesarios sobre las condiciones personales de los menores, tal como establece el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
En esta línea, el Ejecutivo regional ha subrayado la urgencia de desarrollar una política exterior eficaz en materia de protección de menores, advirtiendo que la mera acogida “indiscriminada”, sin herramientas específicas para abordar estos casos, no es una respuesta suficiente.
Recurso ante el Tribunal Constitucional
Además, la Comunidad de Madrid ha interpuesto este miércoles un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto ley 2/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo, que modifica los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.
Según el informe de la Abogacía General regional, la norma vulnera varios artículos de la Constitución Española, al invadir competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de protección y tutela de menores. La Comunidad de Madrid también denuncia que se están aplicando “cuotas” que no garantizan adecuadamente los derechos fundamentales de estos menores.
“El Estado no puede desentenderse de una competencia que le es irrenunciable ni imponer unilateralmente medidas que afectan a la protección de los menores sin contar con las comunidades”, ha concluido el consejero García Martín.