El suicidio de Aránzazu, la alumna de 16 años del instituto madrileño Ciudad de Jaén, el pasado mes de mayo conmocionó a la Comunidad Educativa. La menor sufrió durante meses amenazas e intimidaciones por parte de otro estudiante del centro. Isabel Galvín, profesora y secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, decidió entonces ponerse en contacto con la Administración para esclarecer lo ocurrido, reclamar una investigación y buscar respuestas. Pero no hubo contestación y tras varias llamadas desesperadas se vio obligada a recurrir a la amenaza. “No nos hacían caso. Sinceramente tengo que decir que llamé bajo amenaza de irme a un juzgado de guardia si no me atendían. Me dijeron que este era un hecho más, que el problema era que se había hecho público porque los profesores habían denunciado y los medios de comunicación se habían hecho eco, que durante estos años en Madrid han ocurrido hechos similares y que la opinión pública no se había enterado”. Según Galvín, se confirmaron los rumores que durante años han circulado en el entorno de los representantes de la enseñanza. “Esto nos hizo pensar que todos los rumores de los que hemos sido partícipes eran ciertos, que ha habido casos similares y se han tapado. Nos hizo pensar que esto era la punta de un gran iceberg”.
Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid aseguran que apuestan por fomentar el diálogo y la reflexión colectiva para abordar el problema. El sindicato organiza encuentros con profesores, con directores de centros educativos y asociaciones de padres para debatir sobre el acoso escolar, su contexto, las causas, las buenas prácticas y las necesidades. “Si exigimos responsabilidades a los dirigentes políticos también pensamos que si sabemos que pasa algo y no hacemos nada somos también responsables. Por eso hemos decidido organizar estos actos”, puntualiza Galvín.
El primero tuvo lugar el pasado 15 de junio y la mayoría de los participantes coincidió en que los efectos de los recortes no han beneficiado a la convivencia en las aulas, rechazan las normas impulsadas por el gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, piden más recursos y defienden la necesidad de fomentar el diálogo. Pilar de los Ríos, directora de un instituto y presidenta de la asociación ADIMAD, reclama la presencia de más personal cualificado en los centros para prevenir los casos de bullying. “Yo no quiero oír hablar de protocolo. La ley de convivencia de 2007 era terrorífica, se judicializó todo. La ley de autoridad del profesor de 2010 pone los pelos de punta. A mi me produce angustia ver a los tutores rellenando papeles. Se ha burocratizado todo tanto que nos pasamos la vida rellenando papeles y no afrontamos verdaderamente la resolución de problemas que tienen los alumnos”. La directora denuncia también que los ajustes afectaron sobre todo al personal del centro que se ocupaba de tratar directamente con los alumnos para evitar y detectar los casos de acoso. “Los recortes más brutales se estaban produciendo en el personal que prestaba servicio a la atención a la diversidad. Teníamos la ridiculez de tener medio trabajador social compartido con otro centro para atender los problemas sociales en los institutos. Habíamos perdido las horas que tenían los tutores para trabajar con los chicos. Eso demuestra un desconocimiento absoluto del trabajo que se estaba haciendo en los centros”. Por eso, se muestra contraria a la implantación de más protocolos. “Lo que quiero para los centros es ayuda, es formación para el profesorado. El orientador tiene que hacer orientación académica y profesional al alumnado. Tiene que haber psicólogos educativos que sepan afrontar estos problemas. Tiene que haber trabajadores sociales y mediadores sociales”.
El acoso se suele producir cuando los adultos no están presentes. En los pasillos del instituto o del colegio, en el barullo de los cambios de clase, durante los ratos de recreo o entre el descontrol de las redes sociales. Insultos, amenazas, burlas, humillaciones. Casi siempre se desarrolla en silencio, de espaldas a los responsables de los centros educativos y de las familias de los menores; las víctimas lo sufren bajo la presión del miedo y la vergüenza. De hecho, el 35% de los estudiantes españoles afirma haber sufrido acoso escolar en algún momento de su vida. “Hay que criticar ideas y criticar opiniones que damos por buenas. ¿Cuántas veces hemos oído ‘esto ha pasado siempre’ o ‘es la manera de que espabilen’?”, preguntó Pedro Uruñula, exinspector de Educación y miembro de la asociación Convives.
Galvín denuncia que el gobierno regional desechó las propuestas sobre convivencia escolar y resolución de conflictos presentadas por el conjunto de la Comunidad Educativa antes de la irrupción de la crisis económica. El objetivo era erradicar el acoso y mejorar la convivencia en los centros. La Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y la FAPA Giner de los Ríos consensuaron una Iniciativa Legislativa Popular de convivencia escolar que presentaron en la mesa de la Asamblea de Madrid. “Quedó olvidado por parte del Partido Popular”. Después comenzaron los recortes y el proyecto no salió adelante. “Con los recortes empezaron por algo que les molestaba mucho, aquellos perfiles de atención a la diversidad, los que trabajaban con un modelo democrático para resolver los conflictos. Acabaron con la mediación, con todos los programas y todas las propuestas que venían desde los centros en esa dirección. Se fueron arrasando y en este caso no era una cuestión de dinero como se puede observar, sino de modelo ideológico”.
La FAPA Francisco Giner de los Ríos sostiene que tanto la Ley de Autoridad como la LOMCE representan una forma perversa de enfocar la convivencia en los centros educativos. “Parte de la base de que es más útil la represión y el castigo para lograr la sumisión a las normas que intervenir en recursos humanos que trabajen adecuadamente la mediación de conflictos”, explicó la organización en un comunicado el pasado mes de mayo. Uruñuela, por su parte, defiende la misma tesis y durante el debate quiso recordar que la Comunidad de Madrid se convirtió a finales de los años ochenta en referente de modelo educativo y de convivencia.
El exinspector de Educación cree que es posible recuperar ese sistema pero explica que es necesaria la voluntad política. “Desarrollamos programas de formación de mediadores y mediadoras con todo el profesorado y con los padres que fuimos ejemplo para muchas comunidades autónomas. Todo eso ha desaparecido. Ahora se ha optado por un modelo de punitivo sancionador. Hay materiales y hay experiencia más que de sobra. ¿Hay voluntad? A nivel político claramente no”.
Para Uruñuela la desaparición del acoso escolar pasa por enseñar a los alumnos a resolver los conflictos y cree que es necesario que se convierta en un tema curricular. “El acoso es lo que se ve, es la parte visible del iceberg. Lo que está por debajo son los factores estructurales y los factores que hacen posible que perviva”.
Otro de los elementos clave, según Uruñuela, para mejorar el clima en los colegios y en los institutos es acabar con la segregación y contar con el alumnado para prevenir y detectar casos de acoso. “Es fundamental la participación del alumnado como prevención, son los que más pueden ayudar y aportar. Cuando todos los alumnos y alumnas se ponen de acuerdo para no tolerar acoso escolar, desparece. No olvidemos que el bullying es una patología de grupo. Es un problema de cómo se constituye el grupo y como se relaciona entre sí”.
Según Galvín, la transparencia, la mediación, el diálogo y la colaboración entre centros y administración es la única vía para detener el acoso escolar. “No tenemos recursos, no tenemos ayuda y tampoco tenemos diálogo. Es un hecho que esta tapado”.