La Guardia Civil está desbordada con miles de bajas médicas de sus efectivos, los trámites se dilatan más de la cuenta y la pérdida de miles de horas trabajadas es un problema palpable desde hace décadas. Ante esta situación, el Instituto Armado ha recurrido a la ‘ayuda’ de la empresa privada. Sin ir más lejos, hace dos semanas, la empresa especializada en analizar el mercado laboral y los recursos humanos Randstad Reseach dio a conocer un estudio basado en la encuesta trimestral de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística en el que se demostraba que España había multiplicado por dos el porcentaje de horas de trabajo perdidas por bajas médicas en una década, de 2013 a 2023. Además, el 78% de las horas perdidas del absentismo laboral en nuestro país están provocadas por un deterioro de la salud, según Luis Iglesias, director de Área de Gestión del Absentismo en Quirónprevención. Por otro lado, en 2023 se perdieron en España más de 396 millones de jornadas laborables por procesos de incapacidad temporal, un 68% más que en 2018, según un informe de Umivale Activa.
Con este panorama, no es extraño que el BOE publicara el 22 de mayo el anuncio de formalización del contrato de un servicio médico que permite desarrollar la competencias de Sanidad de la Guardia Civil en 25 comandancias de capitales de provincia y una ciudad autónoma: Bilbao, Cuenca, Almería, Jaén, Ceuta, Castellón, Alicante, Gerona, Tarragona, Lérida, Huesca, Teruel, Burgos, Soria, Salamanca, Palma de Mallorca, Zamora, Palencia, Ávila, Lugo, Orense, Pontevedra, San Sebastián, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La empresa adjudicataria es Ibersys Seguridad y Salud S.L. Según el anuncio de licitación publicado en noviembre de 2023, el valor estimado del contrato era de 4,8 millones de euros y el valor de la oferta seleccionada es de 2,4 millones en un plazo de ejecución de dos años. El proceso para optar al servicio se anunció en noviembre y era abierto.
Estrella Digital ha contactado con la empresa, pero ha declinado participar en este artículo. No obstante, la página web de la compañía facilita algunos datos: se definen como “una de las firmas líderes con presencia nacional”, con cobertura en todo el territorio español y cuentan con un equipo de más de 600 profesionales entre médicos, enfermeros, técnicos y expertos. Se dedican a fomentar “la prevención y salud de la empresa”. Acumulan más de 20 años de experiencia, tienen 46 oficinas propias, 280 médicos, 180.000 trabajadores protegidos y 36.000 clientes. Su sede está en Lugo.
80 euros por hora
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tiene su propia opinión de este contrato e interpreta la letra pequeña del mismo de manera muy diferente a la visión mercantilista del BOE. Detrás de esta licitación existe una situación alarmante en las plantillas de la Benemérita que contrasta, por ejemplo, con el sueldo del actual director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos González. Por seis meses y medio en el cargo en 2023 cobró 78.547 euros brutos, incluidos 14 trienios de antigüedad por su condición de funcionario. Tiene rango de subsecretario. Su salario por un año completo podrá superar los 130.000 euros, según los datos históricos del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.
En octubre del año pasado, días antes de que saliera el proceso de licitación, la AUGC lanzó un comunicado en el que se reconocía que la Guardia Civil solo tenía 32 médicos en plantilla, insuficientes para supervisar todas las incapacidades de los agentes por enfermedad o accidente. Según la dirección del Cuerpo Armado, el plan para tramitar el nuevo sistema de bajas ayudaría a agilizar esta tarea para 2024 y 2025, con opción de prórroga. En total, 2,4 millones, 80 euros por hora de inspección médica. Hasta ahora, un agente debía tramitar su baja acudiendo al médico de familia asignado, como cualquier ciudadano. A partir de ahora, el nuevo contrato fija un procedimiento estipulado.
Pero la Asociación no se mordió la lengua y calificó de “indignante” que se sacara a licitación el concurso “culpando a los guardias de estar de baja, cuando actualmente todavía existen muchas unidades que no han sido evaluadas por el servicio de prevención de riesgos laborales porque se carece de personal para poder realizar la evaluación”. En la nota argumentaron que “llevan décadas sin este servicio de prevención y cuando lo crearon, lo hicieron careciendo de personal suficiente. Pero ahora tienen dinero para culparnos a nosotros de las bajas y contratar servicios médicos privados”.
Para la AUGC, las funciones de los facultativos de la empresa Ibersys Seguridad y Salud S.L consistirán en efectuar el seguimiento y control de las bajas temporales y asesorar e informar en esta materia a los Jefes de unidad, centro u organismo; valorar y confirmar, en su caso, las bajas temporales que hayan sido expedidas por facultativos ajenos a la Sanidad del Cuerpo cuya recuperación no se haya producido antes del décimo día desde que fueron emitidas; disponer que quienes se encuentren en situación de baja temporal sean sometidos a los reconocimientos médicos que se estimen adecuados, de acuerdo con las disponibilidades de tales servicios; y. por último. emitir los correspondientes partes de alta, en aquellos casos donde la recuperación se estime adecuada para reincorporarse al servicio.
Más de 72.000 bajas al año
Fuentes de la AUGC consultadas por este digital nos han confirmado recientemente un ‘retrato robot’ de los recursos humanos disponibles del Cuerpo. Así, la Guardia Civil cuenta con fecha de 31 de diciembre de 2022 con 80.559 efectivos desplegados en más de 6.160 unidades, centros y organismos que se ubican a lo largo de las 52 provincias (incluidas Ceuta y Melilla), además de sus servicios centrales. Anualmente se inician en el seno de la Guardia Civil más de 72.000 procesos de baja médica y se superan los dos millones de días perdidos por enfermedad o accidente, reduciendo aproximadamente y, en promedio, la disponibilidad de unos 5.200 guardias civiles diariamente, que no pueden prestar servicio por esta causa.
La Guardia Civil, al no estar integrada en el régimen general de la Seguridad Social, no cuenta con los mecanismos y entidades de colaboración previstos para la gestión y control médico de quien está temporalmente incapacitado, con el fin de que pueda recobrar su salud y reincorporarse a su actividad ordinaria lo antes posible. Esto muestra una prolongación de los procesos de incapacidad, constatada porque superan la duración media por patologías establecida en las tablas y manuales técnicos del Sistema Nacional de Salud, subraya la AUGC.
La Guardia Civil dispone de personal médico integrado en su estructura y que proviene esencialmente de dos orígenes distintos (estatutario y en virtud de contrato de trabajo) y ajenos al Cuerpo: oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad de las Fuerzas Armadas (FAS) y personal laboral. A 31 de diciembre de 2022 suman un total de 32 médicos, “lo que da lugar a un estado de déficit continuado, consolidado y que presumiblemente persistirá, generando una situación que restringe de forma significativa el ejercicio de las labores expuestas acerca de los procesos de incapacidad laboral”.
De esta forma, y a pesar de que a finales de 2022 se ha incorporado personal laboral fijo de la especialidad de medicina tras un proceso selectivo convocado por la Dirección General de la Función Pública, 30 provincias carecen de médico y soportan opciones significativamente limitadas para desempeñar el seguimiento y control de las bajas médicas, que se ven mermadas adicionalmente por la imperiosa necesidad de atender los casos de más entidad en los territorios vecinos. Hay que tener en cuenta, de cara a estimar cuantitativamente el nivel de necesidad que, en promedio, en cada provincia prestan servicio casi 1.600 guardias civiles (1.596). Con todo, cabe señalar que el personal laboral solo puede contribuir a las tareas de seguimiento y control en provincia distinta a la de prestación de servicio ante demandas excepcionales y no habituales debidamente justificadas.
Del mismo modo, y a raíz de la reestructuración de los órganos médicos militares previstos ya no existe la posibilidad de acudir a los medios de la Sanidad Militar para efectuar reconocimientos médicos a los guardias civiles mientras están en situación de baja médica, opción que ha quedado circunscrita exclusivamente a la evaluación pericial de cara a la incoación del expediente para valorar la insuficiencia definitiva de condiciones psicofísicas.
Sin embargo, la normativa actual, una ley de 2014, contempla la posibilidad de establecer contratos o convenios de colaboración con determinados profesionales médicos o entidades públicas o privadas para el desarrollo de competencias en materia sanitaria. Así, el ejercicio de estas funciones no se reserva a empleados públicos. Está habilitada, por tanto, en norma de rango de ley, la opción de acudir a entidades privadas a través de contratación pública de servicios, para poder disponer de actividades de prestación que contribuyan al desempeño de las competencias y objetivos de la Sanidad de la Guardia Civil. Es el servicio que tiene encomendado a partir de ahora la empresa ganadora del concurso, Ibersys.
En definitiva, se pretende que la empresa adjudicataria mantenga disponible, en el ámbito territorial previsto, un facultativo con la titulación de licenciado/grado en Medicina y habilitación profesional adecuada para el ejercicio de dicha actividad. Se pretende que el servicio esté disponible 12 horas semanales, distribuidas en, al menos, tres días a la semana, para un total de 150 días al año, con un total de 600 horas/año. Se habilitará por la Guardia Civil un local, en cada comandancia afectada, con los medios adecuados para la prestación del servicio por la empresa adjudicataria.
Se designa como responsable del contrato a la jefa del Servicio de Asistencia Sanitaria de la Guardia Civil, el cual realizará los cometidos necesarios para la correcta realización de la prestación pactada.
Justificación
Para la AUGC, la cúpula de la Benemérita justifica “la necesidad del contrato en el elevado absentismo tratando a los Guardias de vagos, cuando lo cierto es que, el elevado absentismo (si se le puede llamar elevado) está motivado por el retraso en la tramitación de bajas y expedientes de pérdida de condiciones fisco-físicas”. Así, cualquier policía o funcionario, si está de baja, se le tramita el expediente y se concede la jubilación o el alta con las limitaciones que correspondan en menos de dos años.
Lo que ocurre es que en el Cuerpo pasa el doble de tiempo en muchos casos sin ser citados por la Junta Médico Pericial debido a la falta de facultativos para realizar el seguimiento, “que no se arregla por 12 horas a la semana de consulta”, apunta la Asociación. Sostiene que la tramitación del expediente “viene durando tranquilamente un año”. La AUGC explica que tienen compañeros que, “desde que han sido citados por la Junta médica hasta la resolución definitiva, han transcurrido más de dos años y a ese tiempo, debemos sumar el tiempo de baja hasta que fueron citados”. De ahí que el índice de absentismo sea superior, reconocen. “Un policía en menos de dos años está trabajando o jubilado (deja de contar para la estadística) mientras en la Guardia Civil estará de baja durante cuatro, cinco o seis años y no por la enfermedad, sino por la inoperancia de la administración a la hora de hacer un seguimiento de la baja”.
En definitiva, la AUGC considera positivo todo lo que suponga reforzar el servicio médico, pero califica de “insuficiente” esta contratación y alerta que, desde la licitación, “algunas comandancias han quedado sin médico y no serán cubiertas con este contrato al no preverse”. Para reforzar el control de las bajas se publicó otra licitación para contratar a traumatólogos y psiquiatras, principalmente. El valor estimado del contrato era de dos millones de euros. Quedó desierta, según se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público.